Ernesto Madrid
Desde el sesgo político-electoral con el que se llevan a cabo las investigaciones del llamado ‘Cártel Inmobiliario’ por parte del partido en el poder en la capital del país, hasta el perfil ‘político-empresarial’ que arrojó el fenómeno de Vicente Fox el año 2000, cuando el PAN, con su corriente ultraderechista, ganó las elecciones, se entrelazan las indagatorias de lo que antes se conoció como el ‘boom inmobiliario’.
Todo comenzó en el año 2003 cuando empezó a operar la empresa Central de Arquitectura de José Sánchez Ruiz y Moisés Ison Zaga que se fundó en 1998 y amplió sus actividades entre el 2012 y el 2018, años en que gobernó Miguel Ángel Mancera que, involucra en este proceso de conflictos de interés, al PRD.
Estamos hablando de beneficios de militantes de partidos y empresarios que aterrizan en favores personales y electorales cuyo monto habría generado hasta más de tres mil millones de pesos en la trama de corrupción inmobiliaria.
En el 2009 Central de Arquitectura trabajó en un modelo de negocio basado en proyectos urbanos con antecedentes en el 2008, cuando crearon los Urban Center (UC/ centros de barrio), un concepto de plaza comercial que responde a las necesidades propias de las concentraciones urbanísticas y que fue la plataforma de ambición que no encaja con la definición de un líder, de los entonces jóvenes Sánchez y Ison.
Pero fue desde octubre de 2017 cuando iniciaron las investigaciones y las sospechas recurrentes en el 2020 cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiara de Hacienda Santiago Nieto, sembró la duda al acusar a personajes cercanos al entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que señaló a su excoordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Económico Fausto Ernesto Galván Escobar como sospechoso y su pareja sentimental María Vanessa Arroniz Sehedi, quien fuera representante legal de las desarrolladoras BAITA y DEKAH, ambas empresas ligadas al exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann.
Fue hasta el 2021 que el mismo funcionario Nieto involucró a los socios José Sánchez Ruiz y Moisés Ison Zaga en el que le denominado ‘Cártel Inmobiliario’, ligados a Ricardo Añorve en 16 sucursales de la cadena Tacoarte quién es propietario de Sonora Grill acusado de presuntos actos de discriminación además del incumplimiento en las reglas de uso de suelo, nada nuevo para ellos.
Pero los antecedentes son más profundos ya que estarían iniciando desde tiempos en que llego a la alcaldía de Benito Juárez en el 2000 José Espina von Roehrich de tendencia libanes proclive a los negocios ‘sucios’ claro, cuando tuvo el acercamiento con los socios de Central de Arquitectura y en el 2012 a la fecha la demarcación vivió un boom de construcciones: desde pequeños condominios residenciales hasta rascacielos como Mitikah o Manacar.
Al brote de edificaciones siguió una ola de efectos colaterales: menor disponibilidad de agua, saturación del drenaje (y consecuentes inundaciones), más tráfico, más ruido, más población flotante, precios más altos de vivienda.
Ahí inicio el ‘clan familiar’ en dicha demarcación que se consolido en el 2015 con su sobrino Christian Von Roehrich que entre el 2015 y el 2018 fue también titular de esa alcaldía, en donde René Aridjis, exdirector de obras y desarrollo urbano de Benito Juárez entre 2006 y 2018 se mantuvo en el cargo durante las administraciones de Germán de la Garza de 2006 a 2009, Jorge Romero de 2009 a 2012, y el propio Christian implicados en el ‘intercambio de favores’ con los socios
Sánchez Ruiz e Ison Zaga.
Estos extendieron sus tentáculos a otras demarcaciones como la alcaldía Miguel Hidalgo donde han construido 17 edificios habitacionales situados sobre calles con más plusvalía entre ellas Shakespeare, Newton, Dublín y Tokio en la Ciudad de México.
En este esquema de enriquecimiento basado en el intercambio de favores, por medio de colusiones fuera de la Ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como mediante extorsiones a empresarios, en esa demarcación, crecieron.
Las pandillas del “cartel inmobiliario”
El blanquiazul que ha gobernado esa jurisdicción en los últimos 18 años de manera ininterrumpida, se formó una red de complicidades entre la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México en la administración 2012-2018 y desarrolladores inmobiliarios que vieron en la demarcación suelo fértil para un boom inmobiliario.
Pero no soló en está demarcación la ‘corrupción mata’ también habrá que señalar otras alcaldías en donde han gobernado funcionarios perredistas, ahora morenistas, como Coyoacán la propia Miguel Hidalgo, Tlalpan y priistas como el caso de Cuajimalpa en Santa Fe, con Adrián Rubalcava, ligado a grupos criminales y en donde la jurisdicción ha sido un ‘clan de amigos’.
Pera hasta entonces todo apunta a puros funcionario del PAN en lo que podría ser un ejercicio de Morena para reivindicarse con la clase media que critico el presidente Andrés Manel López Obrador cuando el blanquiazul gano terreno en 2021 por lo que hablan de denuncias que apuntan a estos personajes del pasado y del presente, que se valieron ilegalmente de “instrumentos jurídicos” para construir de más.
Los expedientes señalan que aplicaron el Sistema de Transferencia de Potencialidades para erigir pisos excedentes en al menos uno de sus proyectos. Central de Arquitectura habría pagado una contraprestación de poco más de 3 millones de pesos por los niveles adicionales, aunque los departamentos llegan a comercializarse en 8 millones de pesos.
Y en el expediente figura Luis Vizcaíno, como el líder del Cártel Inmobiliario, quien entre 2009 y 2016 ocupaba la dirección de jurídico y gobierno de la demarcación en las administraciones de Mario Palacios y Jorge Romero, este último actual líder de la bancada del PAN en San Lázaro.
Pero suenan muchos nombres y el caso suena extenso está por ejemplo Emilio Javier Martínez, ex funcionario de Benito Juárez, quien negoció con un empresario el pago de presuntos apoyos a la campaña de Jorge Romero.
Está también Gustavo González, quien fuera cuñado y operador financiero de Romero Herrera; Fernando Flores, subdirector de Recursos Materiales, quien también fuera denunciado por otro empresario; Víctor Mendoza, exsubdirector de Servicios Generales y hermano de Luis Mendoza, exdiputado local; y, Fernando Von Roehrich, hermano de Christian Von Roehrich, sucesor de Jorge Romero al frente de la alcaldía Benito Juárez”.
Así, entre ‘clanes familiares’ ‘amigables’ de contubernio’, ‘compadrazgos’ y ‘tribus’ perredistas y ahora morenistas se diputan el pastel inmobiliario en la capital del país, que ahora defienden con sesgos político-electorales y que antes fue para todos, una fuente de ingresos, vía corrupción.
