Ernesto Madrid
Por raro que parezca y por quizás compromisos con la anterior administración de Enrique Peña Nieto resulta que la Fiscalía General de la República determinó que el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda no se relacionó con narcotraficantes.
A diferencia de la administración del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador quien se reunió con la familia de “El Chapo” Guzmán ahora resulta que de acuerdo al mandatario su Gobierno respalda la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual exoneró al general Salvador Cienfuegos Zepeda.
El Ministerio Público Federal concluyó que el militar “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades estadunidenses (cártel del H-2, de los hermanos Beltrán Leyva), y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.
Así las cosas por contradictorias que parezcan.
Y en este contexto la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) desechó las supuestas pruebas obtenidas presuntamente durante siete años por la DEA y con las cuales pretendía que Cienfuegos fuera enjuiciado en ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico y por lo cual fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre del año pasado. El ex titular de la Sedena permaneció retenido por esas autoridades cinco semanas y el 18 de noviembre de 2020 fue devuelto a a casa sin cargo alguno.
La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero dio a conocer que la investigación realizada a partir de octubre del año pasado “tampoco encontró prueba alguna de que (Cienfuegos) hubiera utilizado algún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo”.
Según la información dada a conocer por la FGR, “desde 2013 la DEA inició, sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en la que se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda.
Pero de acuerdo a un general consultado por www.megaurbe.com.mx no todos los militares están libres de culpa, incluso, señaló que hay muchos involucrados en el narcotráfico.
Y las indagatoria estadunidense señalaba que el ex secretario de la Defensa Nacional (el militar de más alto rango detenido por presuntos nexos con el narcotráfico y también el primer ex funcionario mexicano que ocupó una secretaría de Estado en ser señalado formalmente por la DEA de haber colaborado con un grupo delictivo), había recibido sobornos y colaboró para que Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2 –quien asumió el liderazgo del cártel de los Beltrán Leyva tras la detención de Héctor Beltrán Leyva en 2014 cuando creció el tráfico de drogas.
Sin embargo, El H-2 era en realidad un líder de una célula criminal que operaba de manera regional en Nayarit y Jalisco, y solamente dirigió a su grupo delictivo durante tres años, pues fue abatido por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) el 10 de febrero de 2017.
De acuerdo a una investigación del patrimonio económico de Cienfuegos Zepeda determinó que no tenía irregularidades en sus ingresos. La FGR indicó: “del análisis de la situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de sus patrimonio fuera de lo normal”.
En octubre pasado, altos funcionarios del gobierno mexicano declararon a que el ex titular de Sedena ni siquiera operaba sus teléfonos, ya que los aparatos estaban en manos de su ayudantía.
Esto, porque supuestamente entre las pruebas de la DEA se habían obtenido mensajes de texto enviados a través de un aparato BlackBerry entre 2014 y 2017 que servirían para relacionarlo con un grupo delictivo.
Lo curioso del caso es que las fuentes no descartaron que la identidad del militar hubiera sido suplantada y la agencia antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) fue engañada por testigos protegidos.
No obstante para López Obrador “Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos”, apuntó en su conferencia matutina.
El mandatario federal agregó que al pidió al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que lo más pronto posible se ponga a disposición el expediente enviado por el Gobierno de EU sobre la investigación del general, con el fin de que sea consultado por quien lo desee.
