¿Por qué no se habla de los cuidados paliativos como camino viable?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la semana pasada un debate que México pospuso durante décadas. Aceptó revisar el amparo 147/2026, promovido por una tanatóloga con cáncer de mama. En paralelo, el Senado analiza una iniciativa ciudadana que busca legalizar la eutanasia en el país. Ambos caminos convergen en una sola pregunta: ¿tienen los mexicanos derecho a decidir el momento y la forma de su muerte? ¿Por qué no se promueve la cultura de los cuidados paliativos?

Este reportaje reconstruye el contexto legal, los actores centrales y las posturas encontradas alrededor de la eutanasia en México.

Cuidados paliativos: el otro lado del debate

Antes de entrar al detalle del amparo y de la iniciativa legislativa, conviene mirar el punto donde coinciden críticos y promotores: el estado real de los cuidados paliativos en México.

Hasta ahora, 20 de los 32 estados del país, incluida la capital, cuentan con leyes de voluntad anticipada, conocida también como eutanasia pasiva, que permiten a un paciente rechazar tratamientos médicos en momentos críticos. Ese derecho es distinto al que reclaman las impulsoras del amparo y de la Ley Trasciende. La voluntad anticipada permite dejar de tratar. La eutanasia activa implica una intervención médica directa para provocar la muerte, hoy tipificada como delito.

De acuerdo con datos de 2023, solo el 5 por ciento de los pacientes terminales en México tiene acceso a cuidados paliativos. Esa cifra alimenta buena parte del debate. Para muchas voces críticas, discutir la eutanasia sin resolver primero el acceso a cuidados paliativos invierte las prioridades.

Ahí aparece el concepto que resume la postura de muchos grupos sociales en el país: hay que acabar con el dolor, no con el doliente. La Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, lo convirtió en la frase central de su rechazo a la Ley Trasciende. A través de su semanario Desde la Fe, la Iglesia sostuvo que el verdadero objetivo de la sociedad y del Estado debe ser mitigar el sufrimiento humano mediante herramientas médicas y acompañamiento, no terminar con la existencia de quien lo padece.

La institución también cuestionó la narrativa económica detrás del debate. Advirtió que la premisa de que los cuidados paliativos resultan costosos e insostenibles, mientras la eutanasia sería una alternativa más barata, resulta deshumanizante, porque implicaría reservar los cuidados paliativos a personas con mayor nivel socioeconómico y ofrecer la eutanasia como opción a la población de menores recursos.

Sobre la idea de una muerte sin dolor, la Iglesia también matizó. Señaló que existe una idea romantizada de que la eutanasia implica morir sin dolor, pero citó testimonios médicos según los cuales la persona que se somete a una inyección letal sí sufre, y la escena tampoco resulta sencilla para sus seres queridos. Incluso llegó a una advertencia más severa: expresó su rechazo a la legalización y alertó sobre el riesgo de validar ideologías totalitarias y eugenésicas si el proyecto avanza.

Con ese telón de fondo, entran en escena las dos protagonistas del momento: Silvia García Castañeda, con su amparo ante la Suprema Corte, y Samara Alejandra Martínez Montaño, con su iniciativa en el Senado.

El amparo 147/2026: quién es Silvia García Castañeda

Silvia García Castañeda tiene 69 años. Trabaja como tanatóloga. Acompaña a otras personas en el tramo final de sus vidas. En marzo de 2025 decidió llevar su propio caso a tribunales.

García Castañeda impugnó artículos de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, así como reglamentos y normas de la Ciudad de México que prohíben y sancionan el suicidio asistido. Un juzgado federal desechó primero su demanda. La razón: la jueza consideró que carecía de interés legítimo, pues aunque fue diagnosticada con cáncer de mama y toma quimioterapia diaria, no acreditó encontrarse en etapa terminal.

García Castañeda no se detuvo ahí. Insistió. Y la Corte le dio la razón para, al menos, estudiar el fondo del asunto.

Ocho votos a favor, uno en contra

El pleno de la Suprema Corte aceptó el 17 de junio reasumir su competencia para analizar el amparo en revisión 147/2026, con ocho votos a favor y uno en contra, de la ministra María Estela Ríos González.

Con este movimiento, el máximo tribunal se colocó ante una disyuntiva histórica. Debe responder si es constitucional que el Estado mexicano imponga la muerte natural como única vía legal, incluso cuando eso implique prolongar el sufrimiento de un paciente.

García Castañeda busca algo puntual: que se declare inconstitucional la prohibición de la eutanasia prevista en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México, al considerar que debe respetarse su autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su vida.

Su propuesta no se queda en la abrogación. Plantea incorporar un título llamado Eutanasia a la Ley General de Salud, justo después del capítulo dedicado a los cuidados paliativos, y derogar el artículo 166 Bis 21, que hoy prohíbe el procedimiento.

Una desigualdad que ya opera en la sombra

García Castañeda sostiene algo que incomoda: la muerte asistida ya sucede en México, aunque de forma desigual. Según su testimonio, la eutanasia se practica en hospitales privados a costos muy altos, mientras la mayoría de la población no tiene acceso a ese tipo de muerte asistida y solo cuenta con vías ilegales e inseguras, lo que empuja a las familias a la pobreza por el pago de tratamientos.

Para ella, el litigio tiene un componente de justicia social, no solo individual. Considera que, por primera vez, el Estado atiende su autonomía, su dignidad y su derecho a decidir cómo y cuándo morir al analizar su amparo.

Su entorno familiar la respalda en el proceso, aunque ella misma aclara un matiz importante: contar con el amparo no significa que haya decidido morir de inmediato.

Ley Trasciende: la otra trinchera, en el Senado

Mientras el caso individual avanza en tribunales, una segunda batalla se libra en el Congreso. La protagonista se llama Samara Alejandra Martínez Montaño, periodista chihuahuense de 31 años.

Desde los 17 años, Martínez Montaño ha enfrentado diagnósticos de distintas enfermedades, entre ellas insuficiencia renal crónica, que hoy padece en etapa terminal. Su condición la obliga a permanecer conectada a una máquina de diálisis peritoneal 10 horas al día, luego de que le informaran que ya no era candidata a un tercer trasplante.

De ese diagnóstico nació Ley Trasciende, la iniciativa ciudadana que hoy encabeza.

Qué propone exactamente la iniciativa

Ley Trasciende busca eliminar de la Ley General de Salud la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido, derogando el artículo 166 Bis 21, además de adicionar un título para regularla.

No es un proyecto marginal. El 19 de noviembre de 2025 fue ingresada formalmente en el Senado, redactada por Martínez Montaño y respaldada por integrantes de cinco de los seis grupos parlamentarios; solo el PAN se mantuvo al margen. La propuesta llegó acompañada por más de 128 mil firmas ciudadanas.

Pese al respaldo plural, el proceso legislativo se ha estancado. La iniciativa permanece detenida en la Comisión de Salud del Senado, cuyo presidente no la ha convocado a discusión, y no forma parte de la agenda prioritaria de la bancada mayoritaria en el actual periodo de sesiones.

Martínez Montaño ha insistido en que su lucha no busca promover la muerte. Al presentar el proyecto, argumentó que no se trata de una ley sobre la muerte, sino de una ley sobre la vida, con sentido hasta el último aliento, y advirtió que negar una muerte digna no preserva la vida, sino que prolonga el sufrimiento.

El precedente que preocupa y el que ilusiona a los actores del caso

Analistas jurídicos ya identifican un paralelismo con otra causa social reciente. Aun si la Corte concede el amparo, la única beneficiaria directa sería García Castañeda; sin embargo, es previsible que asociaciones civiles y otras personas interesadas promuevan nuevas demandas para que, eventualmente, las prohibiciones se anulen con efectos generales, un camino similar al que en la década pasada llevó a la anulación de la prohibición administrativa del consumo recreativo de mariguana.

En el plano internacional, quienes impulsan la reforma citan referencias directas. Legisladoras han señalado que países con fuerte tradición católica, como Uruguay, Argentina y España, ya regularon la eutanasia, lo que a su juicio demuestra que la discusión religiosa y la legislativa son separables.

Dos rostros, una misma exigencia

Lo que distingue este momento de debates anteriores es la visibilidad de sus protagonistas. Ninguna de las dos habla desde la abstracción jurídica; ambas hablan desde su propio diagnóstico.

Martínez Montaño ha descrito su determinación en términos personales: la enfermedad le ha quitado muchas cosas, pero no le arrebatará la posibilidad de irse dignamente, y su plan es ver el mar por última vez y trascender acompañada de su familia.

García Castañeda, por su parte, reformuló su propio duelo en activismo. Ante el cáncer que enfrenta, decidió convertirse en doula de fin de vida para acompañar a otros pacientes en su último tramo, una labor que, dice, también la ayuda a procesar su propia muerte.

Qué sigue: los próximos pasos del debate

El expediente 147/2026 ya fue turnado para la elaboración de un proyecto de resolución dentro de la Suprema Corte. No hay, por ahora, una fecha confirmada para que el pleno vote el fondo del asunto.

En el Senado, Ley Trasciende continúa a la espera de que la Comisión de Salud la agende para discusión. Su destino depende, en buena medida, de la voluntad política de la bancada mayoritaria.

Ambos procesos, judicial y legislativo, avanzan por separado, pero comparten un mismo trasfondo: la exigencia de que el Estado mexicano defina, de una vez, los límites entre el derecho a la vida y el derecho a decidir sobre la propia muerte.