• La captura del exsecretario de Seguridad de Sinaloa en Estados Unidos abre el caso contra una red de protección al narcotráfico que alcanza al círculo del poder estatal, mientras el exgobernador con licencia sigue bajo la mira de Washington.
Ernesto Madrid
La detención de Gerardo Mérida Sánchez en Estados Unidos es el primer movimiento concreto en el caso que involucra a funcionarios sinaloenses acusados de colaborar con el narcotráfico. Pero también deja una conclusión inevitable: cayó el primero, pero el pez grande sigue fuera.
Mérida, quien fue secretario de Seguridad durante la administración de Rubén Rocha Moya, fue detenido el 11 de mayo en Arizona y presentado al día siguiente ante un juez federal en Tucson en una audiencia que duró apenas dos minutos. El proceso fue rápido porque el exfuncionario aceptó su traslado al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes más severas de Estados Unidos en materia de narcotráfico.
Hoy Mérida ya está recluido en el Metropolitan Detention Center, Brooklyn, una prisión conocida por concentrar a personajes de alto perfil del crimen organizado como Ismael Zambada García y Rafael Caro Quintero.
Las acusaciones son contundentes. El Departamento de Justicia sostiene que Mérida participó en una conspiración para favorecer a Los Chapitos, grupo perteneciente al Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, el exsecretario habría recibido sobornos superiores a 100 mil dólares mensuales a cambio de alertar a la organización criminal sobre operativos contra laboratorios y permitir que las redes de tráfico operaran con protección institucional.
El punto clave es que Mérida no aparece solo en el expediente. La acusación incluye a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos el propio Rocha Moya.
Cae el primero y congelan cuentas de Rocha
Por eso la detención del exsecretario abre una pregunta inevitable: si ya cayó el operador de seguridad, cuánto falta para que la investigación alcance al poder político que encabezaba el gobierno estatal.
Reportes publicados por la revista Proceso señalan que el exgobernador con licencia ya se encuentra bajo vigilancia de autoridades estadounidenses. Paralelamente, fuentes del sistema financiero confirmaron el bloqueo de cuentas bancarias de Rocha, de algunos de sus familiares y del senador Enrique Inzunza, medidas notificadas a los bancos por la Unidad de Inteligencia Financiera.
El caso, además, se desarrolla en medio de una creciente tensión diplomática. Este mismo viernes la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, la cual describió como cordial y enfocada en la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio. La mandataria adelantó que colaboradores cercanos del gobierno estadounidense visitarán México en los próximos días para dar seguimiento a los acuerdos.
El contexto no es menor. Funcionarios del gobierno estadounidense, junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Drug Enforcement Administration, han advertido que el caso Rocha podría ser apenas el inicio de una serie de procesos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.
Desde México, la posición oficial ha sido distinta. Sheinbaum ha insistido en que sin pruebas contundentes no habrá capturas ni extradiciones, señalando incluso que Estados Unidos ha rechazado en otras ocasiones solicitudes mexicanas por falta de evidencia.
Pero el expediente que ahora se mueve en Nueva York cambia el tablero. Porque cuando un exsecretario de Seguridad termina en una cárcel federal estadounidense acusado de proteger a un cártel, el problema deja de ser un caso aislado. Se convierte en una investigación que inevitablemente apunta hacia arriba.
Hoy ya cayó el primer nombre de la lista. La incógnita es cuándo llegará el turno del verdadero poder político detrás del caso.
@JErnestoMadrid
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