• Un reporte de International Crisis Group desde Bruselas desmonta el discurso de la presidenta Sheinbaum: mientras promete justicia al pueblo, el crimen organizado, los fraudes financieros y la corrupción institucional siguen operando con absoluta normalidad.
Ernesto Madrid
“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, repite la presidenta Claudia Sheinbaum en sus giras, como si el eco de esa consigna pudiera sanar las heridas del país. “Mi compromiso es con el pueblo”, asegura. “El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás”, insiste. Y, sin embargo, la virtud parece estar en otra parte.
Un reciente reporte del International Crisis Group (ICG), con sede en Bruselas, ofrece un retrato menos épico de la autoproclamada “nueva era de justicia”. Según el análisis, el panorama criminal en México sigue “intacto”, expandiendo su influencia en negocios lícitos y clandestinos, pese a los discursos de purificación moral.
“Los numerosos arrestos y las incautaciones sin precedente no transformarán de manera radical el panorama criminal de México a menos que el gobierno sea capaz de investigar, procesar y desmantelar las redes ilícitas, incluyendo figuras criminales de rango medio y alto, así como funcionarios públicos y empresarios cómplices”, advierte el reporte.
El informe, publicado al cumplirse el primer año de gobierno de Sheinbaum, reconoce que hay logros visibles —una disminución del 12% en homicidios y del 18% en asesinatos de mujeres y niñas—, pero aclara que estos avances no alteran la estructura delictiva del país. Al contrario: la violencia no cede y el número de personas desaparecidas va en aumento, “una mancha en el historial de seguridad de Sheinbaum”, señala el organismo europeo.
“Con el pueblo todo, con la impunidad también”
El espejismo de los logros
El gobierno presume cifras: 32 mil detenciones, 245 toneladas de droga decomisadas, 14 mil armas confiscadas. En el papel, México libra una guerra frontal contra el crimen. En la práctica, el crimen sigue operando con la bendición de la burocracia.
En la Ciudad de México —la joya política de la presidenta— se multiplican los fraudes financieros y empresariales con la participación de corredores públicos y la complicidad de la Fiscalía capitalina. Casos como los del corredor público número 34, Miguel Ángel Augusto Camposeco Cadena, o del número 61, Jaime Salvador García González, exaspirante a la Suprema Corte, exhiben cómo las redes de poder pueden fundar empresas fachada con capital mínimo para defraudar a personas mayores, sin que una sola autoridad se inmute.
El fiscal de Delitos Financieros, Ulises Soteno Torres, ha sido señalado por frenar denuncias que involucran a figuras como Leonardo Daniel Ángeles Romero y su familia, quienes actúan como prestanombres en una red de empresas que defrauda a través de inmobiliarias con domicilios en oficinas de Iza Business, en Reforma e Insurgentes.
Mientras tanto, los fraudes en la compraventa de autos respaldados por instituciones financieras como Banamex y BBVA se reproducen con la misma impunidad de siempre. El contubernio entre fiscales, ministerios públicos y defraudadores es una vieja maquinaria que sigue funcionando, ahora bajo el discurso de la “Cuarta Transformación”.
La paradoja transformadora
El ICG concluye que la presidenta “puede presumir éxitos”, pero que “los cambios estructurales no se han materializado”. Dicho en otras palabras: el gobierno combate el crimen con titulares de prensa, pero no con justicia.
Sheinbaum ha insistido en que “el pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad”. Sin duda. Lo que falta saber es cuánta dignidad le queda después de lidiar con bancos que lo despojan, fiscalías que lo ignoran y una élite política que se dice “del pueblo”, pero sigue viviendo de él.
Entre la retórica y la realidad, el país transita una transformación que parece más cosmética que estructural: la corrupción no se combate, se administra; los defraudadores no se detienen, se protegen; y el pueblo, una vez más, sigue siendo el eslogan preferido de los poderosos.
@JErnestoMadrid
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