• Con disciplina ejemplar y sin un solo rasguño al texto presidencial, los diputados morenistas aprobaron la minuta de reforma a la Ley de Amparo en tiempo récord, dejando al Senado la tarea de ratificar lo que ya parece un trámite burocrático más que un ejercicio de contrapeso democrático.
Ernesto Madrid
La coordinación entre poderes en México ha alcanzado una nueva forma de eficiencia: la obediencia acelerada. Los diputados de Morena dieron cátedra a sus pares del Senado al aprobar sin un solo cambio la reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La minuta fue despachada a toda prisa, con una sincronía casi quirúrgica entre la bancada oficialista y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, según fuentes legislativas.
La velocidad del trámite contrastó con los cinco días que el Senado tardó en devolver el documento a San Lázaro la vez anterior. Esta vez, nadie quiso repetir el desliz: “Ahora sí los líderes morenistas estuvieron en contacto permanente con la Consejería Jurídica”, revelan fuentes parlamentarias. En otras palabras, aprendieron la lección —la independencia, al parecer, ya no está de moda.
La instrucción fue clara y reciente: apenas ayer la presidenta Sheinbaum urgió a aprobar la iniciativa “sin más demora”, mensaje que, según los pasillos legislativos, se interpretó con precisión militar. Todo indica que el Senado de la República seguirá la misma partitura: comisiones y pleno listos para despachar el asunto antes de que alguien se atreva a leer entre líneas el artículo transitorio que mantiene el tufillo a retroactividad.
Los daños colaterales de la “transformación”
El discurso oficial sostiene que la reforma busca “agilizar” los procesos judiciales. Sin embargo, de acuerdo con organizaciones como México Evalúa, lo que en realidad se agiliza es el debilitamiento de los contrapesos institucionales. No es un caso aislado: la desaparición del INAI, las reformas al sistema electoral y ahora el recorte de los alcances del amparo forman parte de una arquitectura deliberadamente desmontada bajo el lema de “modernización del Estado”.
El problema no es nuevo, pero la ironía es evidente: mientras el Gobierno presume eficiencia, lo que se erosiona es la posibilidad ciudadana de defenderse ante los abusos de autoridad. En términos sencillos, el amparo dejará de ser un escudo y se parecerá más a un formulario con membrete oficial.

Reforma exprés a la Ley de Amparo: la obediencia legislativa también tiene su técnica
Disidencias con sello morenista
No todos dentro de Morena aplauden el ritmo ni el contenido. La ministra en retiro y diputada Olga Sánchez Cordero advirtió durante el debate que el concepto de interés legítimo —pieza clave del amparo— no puede definirse de antemano en la ley, pues corresponde a los jueces determinarlo caso por caso. Su llamado fue ignorado con cortesía burocrática.
“El interés legítimo es un concepto indeterminado cuya existencia debe valorarse por el juez competente en cada caso concreto”, explicó Sánchez Cordero durante la sesión. Pero su objeción fue minimizada por el propio Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, quien, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, la invitó implícitamente a no quejarse de lo que no votó en contra.
“No entiendo por qué no votó en contra si le pareció tan mal”, comentó Zaldívar, quien insistió en que la reforma “no restringe ni reconfigura” el interés legítimo, sino que solo “precisa sus elementos esenciales”. Una precisión tan ambigua que deja más espacio para la interpretación política que para la jurídica.
Entre la opacidad y la inseguridad
Mientras el poder legislativo se sincroniza con el Ejecutivo, otros frentes del país muestran signos de descomposición. La inseguridad sigue siendo el principal freno a la inversión, según la Encuesta a Socios de #DataCoparmex, que revela que el 51% de los empresarios fue víctima de algún delito y el 12.8% sufrió extorsión durante el último año.
Paradójicamente, mientras se reducen los mecanismos de defensa ciudadana, crece la vulnerabilidad de quienes deberían producir, invertir y sostener la economía. La ironía es casi perfecta: en nombre de la “eficiencia gubernamental”, el país avanza hacia un modelo donde la única certeza es que las instituciones obedecen con rapidez… aunque nadie sepa muy bien a quién.
@JErnestoMadrid
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