*El caso de abuso y aborto forzado en Irapuato, Guanajuato, pone en evidencia que muchas mujeres son obligadas a través de la violencia, el abuso y la coacción a terminar con la vida desde el vientre materno.
*Jesús “N” fue sentenciado a 10 años 08 meses de prisión por violación espuria y aborto forzado.
*Sentencia de Irapuato muestra que el delito de aborto es una figura jurídica que no criminaliza a las mujeres, sino que las protege de abusos y vejaciones en su contra.
Ciudad de México.- La reciente sentencia dictada en contra de un hombre identificado como Jesús “N”, a 10 años 8 meses de prisión por violación espuria y aborto, en Irapuato, Guanajuato, evidencia la realidad oculta de abuso, maltrato, violación y sometimiento que hay detrás del aborto forzado.
De acuerdo con el Primer reporte de cifras sobre la realidad del aborto en México “Aborto, la realidad no contada”, en lo que va del 2025 suman 71 hombres presos por haber cometido el delito de aborto y solo 7 mujeres sentenciadas por el delito de aborto forzado. Los principales perpetradores del delito de aborto procesados penalmente son hombres.
En 2024 se abrieron un total de 841 carpetas de investigación por delitos relacionados con el aborto, siendo las entidades con mayor número de casos la Ciudad de México (186), Nuevo León (175) y el Estado de México (108).
Sentencian a hombre por delito de aborto; en México, la mayoría de sentenciados por cometer este delito son personas del sexo masculino
Hasta mayo de 2025 se registraron 370 casos, con Nuevo León, Ciudad de México y el Estado de México también en los primeros lugares, aunque en estados como Durango y Tlaxcala, donde el aborto sigue tipificado en su legislación, no se abrieron investigaciones en estos años.
Entre 2024 y 2025 se iniciaron 27 juicios por el delito de aborto forzado. Chihuahua tiene el mayor número de juicios en curso (6), seguido por San Luis Potosí y Sonora con tres juicios cada uno.
De acuerdo a la plataforma UNNA -Una Vida, Una Infancia, Una Protección- el caso de Jesús “N” es una muestra irrefutable de que el delito de aborto no criminaliza a las mujeres porque muestra una realidad social grave pero contundente: hay más hombres que mujeres sentenciados por haber perpetrado el delito de aborto, así como la existencia de violencia, abuso y coacción para terminar con la vida humana desde el vientre materno.
Sentencian a hombre por delito de aborto; en México, la mayoría de sentenciados por cometer este delito son personas del sexo masculino
Sobre la sentencia en el caso Irapuato, entre junio y julio de 2023, el ahora sentenciado Jesús “N” ingresó al domicilio de la víctima, donde la agredió sexualmente. Meses después, a la víctima se le informó que se encontraba embarazada. Fue entonces, que su agresor la obligó a ingerir pastillas para acabar con la vida del hijo que llevaba en el vientre, lo cual ocurrió posteriormente. Ante la denuncia penal de la madre de la víctima, se procedió a las diligencias, lo que permitió la captura y el procesamiento del inculpado por el delito de aborto.
En ese sentido, para la plataforma UNNA, es inviable la derogación del delito de aborto en los códigos penales de los estados y en el Código Penal Federal, porque protege a las mujeres de la violencia, el abuso, el sometimiento e incluso hasta el feminicidio.
Al respecto, el reporte de UNNA indica que, en 2024, 38 hombres estaban encarcelados por aborto forzado. Esta cifra aumentó a 71 en 2025. Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua y Sonora muestran las cifras más altas en lo que va del año.
Sentencian a hombre por delito de aborto; en México, la mayoría de sentenciados por cometer este delito son personas del sexo masculino
Conforme al reporte “Aborto: La realidad no contada”, que pretende transparentar y cuantificar el delito de aborto en todo el país, este caso judicial es ejemplo sólido, suficiente e indiscutible del por qué no es procedente la despenalización del delito de aborto ya que eliminarlo solo dejaría en la impunidad a ese tipo de agresores como Jesús “N”.
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR ENTIDAD
Según el Primer reporte de cifras sobre la realidad del aborto en México “Aborto, la realidad no contada”, el bien jurídico que tutela el delito de aborto es la integridad y la vida humana, es poner estas garantías y derechos a salvo de la comisión del delito de aborto en los Códigos Penales locales.
“La integridad de la madre y la vida humana del niño o niña por nacer es la naturaleza jurídica y desaparecerlos deja en estado de indefensión a la madre y pone en riesgo la vida humana desde el vientre materno”, consideró la plataforma UNNA.
MÁS HOMBRES SENTENCIADOS POR ABORTO QUE MUJERES
Para UNNA este caso registrado en Irapuato, Guanajuato, es un ejemplo de lo que ocurre en los diversos estados de la República en casos de aborto forzado. Hay más personas del sexo masculino sentenciadas por el delito de aborto que del sexo femenino. Son los hombres quienes violentan a la mujer, presionan a la mujer embarazada y provocan abortos forzados por agresiones físicas, amenazas y coacción para la ingesta de abortivos químicos.
Con estos elementos de prueba, a partir del caso de Jesús “N” y su víctima, UNNA reitera que es falso que exista una criminalización de la mujer por el delito de aborto y que haya un encarcelamiento masivo de personas del sexo femenino.
Para la obtención de la información referida, UNNA solicitó, a través de transparencia, datos que permitieran conocer el estatus actual del aborto en los 32 estados de la República.
Sentencian a hombre por delito de aborto; en México, la mayoría de sentenciados por cometer este delito son personas del sexo masculino
FUENTES DE CONSULTA
Los datos y consideraciones del presente comunicado tuvieron como fuente el informe “Aborto, la realidad no contada”, a partir de la elaboración del primer reporte nacional de cifras sobre la realidad del aborto en México, en un trabajo conjunto de /UNNA y Early Institute.
Entre las fuentes de consulta están: La secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República a nivel federal, y el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Centros Penitenciarios y las Procuradurías de Justicia a nivel estatal.
