La decisión se formalizó mediante un comunicado conjunto difundido simultáneamente por la Cancillería peruana y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
Lima / Ciudad de México, 7 de agosto de 2026. Los gobiernos de Perú y México anunciaron este viernes el restablecimiento oficial de sus relaciones diplomáticas, rotas desde noviembre de 2025, luego de que el Ejecutivo peruano concediera un salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanecía asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima. La exfuncionaria dejó el país durante la madrugada rumbo a México, donde aterrizó horas después.
El anuncio conjunto
La decisión se formalizó mediante un comunicado conjunto difundido simultáneamente por la Cancillería peruana y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. El texto invoca los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones y reafirma el compromiso de los dos Estados con el derecho internacional y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
El canciller peruano, Carlos Espá, confirmó la noticia a la prensa limeña y explicó que la medida responde al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, en particular la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. El funcionario subrayó el carácter institucional de la decisión y afirmó sentirse satisfecho de poder anunciar, al mismo tiempo, el restablecimiento del vínculo bilateral con México.
Horas más tarde, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó la noticia durante su conferencia matutina y señaló que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó a Chávez hasta territorio mexicano, adonde llegó la mañana de este viernes.
El trasfondo de la crisis
El conflicto diplomático se remonta al intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, cuando pretendió disolver el Congreso de manera inconstitucional. Betssy Chávez, quien se desempeñaba como jefa del Gabinete Ministerial en ese momento, fue investigada por su presunta participación en los hechos y posteriormente condenada en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión.
Desde diciembre de 2022, el entonces gobierno mexicano —bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador— cuestionó el encarcelamiento de Castillo y no reconoció la legitimidad de la sucesión de Dina Boluarte, lo que llevó a Perú a expulsar al embajador mexicano y retirar al propio de Ciudad de México. Las relaciones quedaron entonces reducidas al nivel de encargados de negocios.
La ruptura se agravó en noviembre de 2025, cuando Chávez ingresó a la sede diplomática mexicana en Lima en busca de refugio y el gobierno de México le concedió asilo político. Ante ello, la administración interina de José Jerí decidió romper por completo las relaciones diplomáticas con México, en un episodio que se extendió también durante el breve gobierno de José María Balcázar, sin que ninguno de los dos resolviera la solicitud mexicana de salvoconducto.
El desenlace, bajo el nuevo gobierno peruano
El destrabe se produjo ya con la presidenta Keiko Fujimori al frente del Ejecutivo peruano, tras varias semanas de diálogo reservado entre ambas cancillerías. La Cancillería peruana precisó que el otorgamiento del salvoconducto a favor de “la nacional peruana Betssy Betzabet Chávez Chino” no implica un reconocimiento de que la exfuncionaria sea objeto de persecución política, y remarcó que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto al debido proceso. Perú anunció además que continuará promoviendo consultas en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evitar lo que considera un uso indebido de la figura del asilo diplomático.
Durante la ruptura, Brasil asumió la representación de los intereses mexicanos en territorio peruano y brindó protección a Chávez en parte de su proceso de refugio, un gesto que Sheinbaum agradeció públicamente.
La mandataria mexicana fue enfática en aclarar que el gesto diplomático no modifica la postura de su gobierno frente al caso de Pedro Castillo, a quien México continúa considerando víctima de una sentencia que su administración califica de ilegal.
