La Secretaría de Salud exhibió este martes un sobrecosto en medicamentos que, según sus cálculos, superó el 50 o 60 por ciento por pieza. Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, presentó el caso de una empresa privada que acumuló contratos por cerca de mil 700 millones de pesos en el Estado de México.
La firma no solo transportaba fármacos. También manejaba las farmacias de hospitales públicos mexiquenses, un esquema que el funcionario describió como una privatización de facto del servicio.
Clark expuso el caso en la Mañanera del Pueblo, pero evitó dar el nombre de la compañía. Argumentó que una investigación sigue abierta.
Un contrato que privatizaba farmacias públicas
De acuerdo con el subsecretario, los contratos de 2022 y 2023 sumaron alrededor de mil 700 millones de pesos. Tan solo el acuerdo de 2023 alcanzó 872 millones de pesos.
El funcionario explicó que el contrato subrogaba la operación de farmacias hospitalarias. Es decir, un tercero privado controlaba el punto donde el paciente recibe su medicamento dentro de un hospital del Estado.
Clark calificó esos acuerdos como muy dañinos para las finanzas públicas. Sostuvo, además, que la red pública mueve hoy entre 30 y 40 por ciento más piezas cada mes con un monto equivalente al de aquel contrato.
¿Cómo calcula Salud el sobreprecio?
El subsecretario no midió el daño solo por el valor del contrato. Comparó lo que pagaba el Estado contra el volumen de medicamentos que efectivamente llegaba a los hospitales.
Con ese cruce, Salud estimó un sobreprecio por pieza superior al 50 o 60 por ciento. El funcionario remitió a la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los contratos aparecen como documentos públicos.
Sheinbaum apunta a una televisora
La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado el caso un día antes. El lunes acusó que una distribuidora cobraba tres veces el costo del servicio y que perdió contratos tras los cambios en las licitaciones del sector.
En esa misma conferencia, la mandataria cuestionó por qué algunos en las televisoras andan “tan enojados” con el sistema de salud. Este martes, Sheinbaum vinculó directamente a la empresa con una televisora, aunque tampoco reveló su identidad.
Con ello, el gobierno enmarcó las críticas mediáticas al abasto como una reacción de intereses económicos afectados. Clark reforzó esa lectura: afirmó que la eliminación de intermediarios golpeó a proveedores que antes cobraban más.
Lo que el gobierno no ha dicho
La denuncia deja preguntas abiertas. Salud no precisó qué autoridad investiga el caso ni si existen denuncias penales o administrativas contra la empresa o contra los funcionarios mexiquenses que firmaron los contratos.
Tampoco detalló si el gobierno buscará recuperar recursos. Hasta el cierre de esta nota, ninguna empresa ni televisora respondió públicamente a los señalamientos.
La omisión del nombre genera una tensión evidente. La presidenta atribuye a la compañía una campaña contra su gobierno, pero el público no puede contrastar esa acusación sin conocer a quién se refiere.
El contexto: ahorro y desabasto
El anuncio llegó junto con el balance de la compra consolidada 2027-2028. Según Salud, la nueva licitación generó un ahorro cercano a 70 mil millones de pesos y contempla unos seis mil millones de piezas de medicamentos e insumos.
Clark insistió en que el gobierno debe nacionalizar los contratos de distribución que aún permanecen en manos privadas. Su meta: que la red pública opere toda la cadena de entrega.
Sin embargo, el discurso de ahorro choca con la experiencia de los pacientes. La propia administración anuló la primera compra consolidada en 2025 por irregularidades, y el desabasto marcó buena parte de ese año.
Las quejas persisten. Familiares de niños con cáncer, pacientes y trabajadores de la salud han confrontado a la presidenta en al menos ocho giras, desde Oaxaca hasta Campeche.
Robo hormiga y trazabilidad
El lunes, Sheinbaum también abordó el robo de medicamentos dentro de hospitales públicos. Pidió a los sindicatos no encubrir a trabajadores involucrados y exigió sanciones donde existan pruebas.
La mandataria reconoció que el sistema actual no permite rastrear cada producto de forma individual. Por eso, su gobierno apuesta por la trazabilidad por frasco y por un logotipo oficial más grande en los empaques.
El caso mexiquense abre así un frente doble. Por un lado, el gobierno exhibe a intermediarios privados; por otro, aún debe demostrar que su red pública cierra las fugas que dice combatir.