• Mientras el gobierno presume una caída histórica en los homicidios, el asesinato de policías, el desplazamiento de comunidades y el crecimiento del huachicol revelan una paradoja: un discurso de seguridad que convive con redes criminales cada vez más sofisticadas.
Ernesto Madrid
La política de seguridad del gobierno mexicano enfrenta hoy una contradicción difícil de ocultar. Mientras el discurso oficial presume una reducción histórica en los homicidios, diversos indicadores muestran una realidad más compleja: policías asesinados, comunidades desplazadas por el crimen organizado y redes económicas ilícitas que siguen operando incluso dentro de sectores estratégicos como la energía.
Las cifras revelan uno de los contrastes más evidentes. De acuerdo con datos presentados por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de homicidio doloso en México se habría reducido 40% desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en septiembre de 2024. Según el reporte oficial, el país pasó de un promedio de 89 homicidios diarios a 52.5 en abril de 2026.
El gobierno sostiene que esta disminución también se refleja en los delitos de alto impacto, que habrían caído 52% en comparación con los niveles registrados en 2018. Sin embargo, el panorama cambia cuando se observan otros indicadores de violencia.
La organización Causa en Común documenta que entre 2022 y abril de 2026 han sido asesinados 1,596 policías estatales y municipales en el país. Solo en estados como Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Zacatecas se concentran cientos de estos casos. Uno de los ejemplos más preocupantes se encuentra en Sinaloa, entidad que gobernaba Rubén Rocha Moya. Allí el número de policías asesinados pasó de cuatro en 2022 a 48 en 2025, un aumento de más de mil por ciento en apenas tres años.
Para especialistas en seguridad, esta tendencia refleja el costo institucional de las disputas entre grupos criminales. El investigador Juan Carlos Montero Bagatella sostiene que el conflicto entre las facciones criminales conocidas como Los Chapitos y La Mayiza ha dejado a las corporaciones policiales atrapadas en medio de una confrontación que responde tanto a dinámicas criminales como a decisiones políticas.
Aun así, el gobierno federal ha descartado investigar posibles vínculos políticos con estas redes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que no existe evidencia de conductas ilícitas por parte de Rocha Moya, pese a que autoridades estadounidenses han señalado posibles nexos del gobernador con el narcotráfico.
Seguridad oficial vs. realidad criminal
Desde la diplomacia mexicana, el secretario Roberto Velasco aseguró que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas formales sobre esas acusaciones, aunque confirmó que se envió una nota diplomática para solicitar información al Departamento de Estado. Pero la paradoja de la seguridad no se limita a las disputas territoriales del narcotráfico. También aparece en el terreno económico.
Datos de Petróleos Mexicanos revelan que el robo de combustible —uno de los delitos que el gobierno prometió erradicar— sigue creciendo. En su informe presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission, la empresa reportó que el huachicol alcanzó en 2025 un promedio de 19,600 barriles diarios robados, 15.3% más que en 2024.
Las pérdidas económicas superaron los 23 mil millones de pesos. La sofisticación de estas operaciones quedó evidenciada con el descubrimiento de un túnel clandestino conectado a un poliducto de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León. El hallazgo fue informado por la Fiscalía General de la República, cuyo vocero Ulises Lara detalló que la excavación incluía válvulas industriales, mangueras de alta presión y una logística de transporte con decenas de vehículos. El esquema recuerda inevitablemente los métodos utilizados por organizaciones criminales como la que encabezó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que empleaba túneles de ingeniería avanzada para transportar droga.
A esto se suman indicios de redes empresariales vinculadas al entorno político. Datos del Registro Público del Comercio muestran que Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, constituyó varias empresas relacionadas con logística, transferencia de dinero y distribución de hidrocarburos. Algunas de estas compañías mantienen estructuras empresariales paralelas en Estados Unidos dedicadas al movimiento de recursos financieros entre ambos países.
Este tipo de redes corporativas es común en esquemas de triangulación financiera que permiten movilizar recursos entre distintos sectores económicos. Mientras tanto, en territorios donde el crimen organizado mantiene presencia, la estrategia oficial sigue privilegiando la contención antes que la confrontación. En comunidades de Chilapa, Guerrero, el desplazamiento de al menos 96 personas tras ataques atribuidos al grupo criminal conocido como Los Ardillos llevó al gobierno federal a desplegar fuerzas de seguridad para proteger a la población, pero sin confirmar la autoría de los ataques ni realizar operativos directos contra los presuntos responsables.
Según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, una intervención directa podría haber provocado más víctimas. Así, la política de seguridad del gobierno mexicano parece moverse entre dos narrativas paralelas. Por un lado, un discurso estadístico que presume reducciones históricas en la violencia. Por otro, una realidad marcada por policías asesinados, territorios disputados por el crimen organizado y economías ilícitas que siguen infiltrándose en estructuras empresariales y estatales.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno celebra la caída de los homicidios, la arquitectura criminal del país no solo permanece intacta, sino que parece haberse adaptado con mayor sofisticación.
@JErnestoMadrid
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