• Mientras el gobierno presume operativos y detenciones, en comunidades enteras el crimen ya cobra impuestos, decide quién gobierna y parece seleccionar —también— a quién se investiga.
Ernesto Madrid
En México ya no sorprende que el crimen organizado controle territorios. Lo verdaderamente alarmante es que empiece a normalizarse que también administre economías locales, imponga cuotas familiares y, de paso, marque el ritmo de la política. Morelos, tristemente, se acerca cada vez más a ese retrato.
La declaración del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, no fue una exageración clerical ni un discurso alarmista. Fue la descripción puntual de un Estado rebasado. En Huautla, comunidad de Tlaquiltenango, familias completas pagan 200 pesos mensuales por integrante para que grupos criminales “respeten” sus viviendas. Una especie de SAT criminal, solo que éste sí cobra puntual y sin posibilidad de amparo.
El detalle todavía más perturbador es que la cuota debe pagarse a dos organizaciones distintas: La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La doble tributación ya no es fiscal; es delincuencial. Y mientras eso ocurre, desde las oficinas gubernamentales se habla de “fortalecer la coordinación institucional” y de “caminar juntos” con empresarios y líderes religiosos, como si el problema fuera de percepción y no de control territorial.
La llamada Operación Enjambre, impulsada desde el gabinete federal de seguridad, derivó en la detención de Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahucan, así como del ex edil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala. Además, continúa la búsqueda del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián. Todos relacionados con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Hasta ahí, parecería que finalmente se rompió el pacto de impunidad que durante años protegió a ciertos actores políticos. Pero en Morelos siempre aparece una pregunta incómoda: ¿la justicia está llegando o simplemente está escogiendo objetivos?
Porque los detenidos pertenecen a fuerzas opositoras o alianzas distintas al oficialismo. Y entonces inevitablemente aparecen silencios demasiado notorios.
¿Quién manda realmente en Morelos?
Por ejemplo, el caso de Raúl Tadeo Nava. Su nombre apareció ligado a reuniones donde figuraban personajes vinculados al crimen organizado en el oriente del estado. Fuentes federales señalaron incluso que habría organizado encuentros entre operadores políticos y personajes criminales. Sin embargo, alrededor de él se tendió un conveniente velo de discreción política. Quizá el pixelado en ciertos videos también alcanzó expedientes completos.
Tadeo Nava no es un personaje menor. Fue alcalde de Cuautla, enfrentó acusaciones por desvío millonario de recursos públicos y, aun así, terminó convertido en operador político de Morena en la región oriente. En México la reinserción política suele ser más rápida que cualquier proceso judicial.
Y luego están los nombres que muchos prefieren mencionar en voz baja.
Rafael Reyes Reyes, hoy coordinador de diputados de Morena en el Congreso local, acumuló durante su paso por Jiutepec señalamientos públicos y mantas relacionadas con presuntos nexos criminales. Pero en medio del actual discurso anticorrupción y de combate al crimen, su nombre parece haberse extraviado misteriosamente en los archivos de la indignación oficial.
Lo mismo ocurre con Cuauhtémoc Blanco. El exgobernador dejó un estado sumido en una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente. Hoy, mientras alcaldes son perseguidos y exfuncionarios detenidos, sobre él apenas sobrevuelan preguntas que nadie dentro del poder parece dispuesto a formular con demasiada fuerza. El fuero, después de todo, en México sigue siendo una especie de programa de protección política premium.
Los datos son demoledores. La extorsión en Morelos aumentó más de 320 por ciento en menos de dos años. Las denuncias oficiales apenas alcanzan a reflejar una pequeña parte de la tragedia real, porque denunciar en regiones dominadas por el crimen no es un acto administrativo: es una apuesta personal contra la muerte.
Lo que sucede en Morelos recuerda peligrosamente a otras entidades donde el crimen dejó de infiltrarse en la política para empezar a coexistir cómodamente con ella. Sinaloa ya mostró cómo luce un territorio donde la frontera entre autoridad y delincuencia se vuelve borrosa. Morelos parece decidido a seguir esa misma ruta, aunque todavía haya funcionarios empeñados en reducir todo a “casos aislados”.
La pregunta entonces ya no es si existen políticos vinculados al crimen. La verdadera pregunta es quién decide a cuáles sí se les aplica la ley y a cuáles se les administra silencio.
Porque cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia. Y cuando el crimen cobra impuestos mientras el Estado administra discursos, el problema ya no es solamente de seguridad: es de gobernabilidad.
@JErnestoMadrid
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