• Más de 25 multas exhiben fallas operativas y de control interno en la institución que administra el principal brazo financiero de la política social del gobierno; sin embargo, las sanciones no ponen en riesgo los recursos de más de 42 millones de beneficiarios.
Ernesto Madrid
El Banco del Bienestar acumula al menos 25 multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre enero de 2025 y junio de 2026 por más de 8.8 millones de pesos. Aunque el monto resulta marginal frente a los recursos que administra, las sanciones exhiben un problema de fondo: deficiencias recurrentes en control interno, administración de riesgos, cumplimiento regulatorio, registros contables y medidas de seguridad.
Lejos de ser un hecho aislado, las observaciones reflejan desafíos que acompañaron a la institución desde su nacimiento. Diversos especialistas y funcionarios del sistema financiero habían advertido que el banco crecía a una velocidad superior a la consolidación de sus capacidades operativas, tecnológicas y de supervisión.
Su creación respondió a una decisión política y financiera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: construir una infraestructura propia para dispersar los recursos de los programas sociales sin depender de la banca comercial. La intención era evitar que esos recursos siguieran generando liquidez y utilidades para instituciones privadas, al tiempo que se ampliaba la inclusión financiera en comunidades históricamente marginadas.
Sin embargo, levantar en pocos años una institución capaz de administrar miles de millones de pesos y millones de operaciones no era una tarea menor. Actualmente el Banco del Bienestar opera más de 3 mil sucursales en todo el país, aunque buena parte de ellas enfrenta problemas de regularización patrimonial y también han sido reportados robos, actos vandálicos y deficiencias operativas.
Las sanciones de la CNBV reflejan precisamente esas debilidades. Los expedientes públicos muestran multas por incumplimientos relacionados con la administración integral de riesgos, observancia del régimen regulatorio, controles internos, conservación de autorizaciones de clientes y entrega de información a la autoridad supervisora. La sanción más elevada supera los 1.4 millones de pesos por fallas en administración de riesgos, mientras que la más recurrente corresponde al incumplimiento de disposiciones prudenciales previstas en la Ley de Instituciones de Crédito.
¿Por qué vuelven a sancionar al Banco del Bienestar?
Pero detrás de las multas existe una dimensión que rebasa lo estrictamente financiero. El Banco del Bienestar se ha convertido en el principal brazo financiero de la política social del gobierno y en una pieza central de la estructura política construida por Morena desde 2019. Por sus cuentas transita la entrega de apoyos a más de 42 millones de beneficiarios y cerca de un billón de pesos destinados a programas sociales durante 2026.
Para sus defensores, se trata de una herramienta de inclusión financiera y justicia social. Para sus críticos, es además el mecanismo mediante el cual el gobierno mantiene una relación directa y permanente con millones de beneficiarios que constituyen la principal base social y electoral del movimiento gobernante.
Por ello, cada observación de la CNBV adquiere una relevancia especial. Lo que está bajo escrutinio no es únicamente la operación de un banco público, sino el funcionamiento de la infraestructura financiera sobre la que descansa una de las políticas más importantes del actual régimen.
La buena noticia para los usuarios es que las sanciones no ponen en riesgo sus recursos. Tanto la CNBV como el propio Banco del Bienestar han señalado que las multas derivan de observaciones administrativas y regulatorias, no de pérdidas patrimoniales ni de irregularidades en el manejo de los fondos de los programas sociales.
La paradoja es evidente: el banco creado para independizar al gobierno de la banca comercial y convertirse en símbolo de inclusión financiera terminó exhibiendo, precisamente por la velocidad de su crecimiento, debilidades estructurales que siguen apareciendo en los reportes del regulador.
Y cuando la institución que administra el corazón financiero de la política social acumula sanciones recurrentes, la discusión deja de ser exclusivamente bancaria para convertirse también en un asunto de transparencia, gobernanza y confianza pública.
@JErnestoMadrid
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