• Entre la soberanía, las acusaciones de narcopolítica y la defensa del movimiento, el segundo aniversario del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum exhibe las contradicciones de la Cuarta Transformación.
Ernesto Madrid
“Que se oiga fuerte y claro: México no es piñata de nadie”. La frase pronunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución pretendía convertirse en el eje político de su informe denominado Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Sin embargo, terminó reflejando una contradicción que comienza a perseguir a la Cuarta Transformación: mientras el gobierno denuncia una supuesta injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país, las investigaciones que se desarrollan en territorio estadounidense apuntan cada vez más cerca de figuras políticas vinculadas al partido gobernante.
El discurso presidencial ocurrió en medio de uno de los momentos más delicados de la relación bilateral en años recientes. Sheinbaum cuestionó abiertamente las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra políticos mexicanos y planteó una serie de interrogantes dirigidas a Washington: “¿Es realmente un interés legítimo por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?”, preguntó desde el templete.
La mandataria fue más allá. “Primero vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”.
Pero mientras la narrativa presidencial gira en torno a la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, la realidad política presenta elementos mucho más complejos. Entre los personajes señalados por investigaciones estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos entre estructuras criminales y actividades políticas aparecen nombres cercanos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Más relevante aún resulta que tres exfuncionarios de alto nivel de esa administración —Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; y Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación— hayan terminado bajo custodia de autoridades estadounidenses, los tres principales operadores.
El dato es políticamente demoledor. Porque más allá de la presunción de inocencia que corresponde a cualquier persona sometida a investigación, la decisión de enfrentar procedimientos judiciales en Estados Unidos contradice la narrativa gubernamental que reduce todo a una conspiración política o a una ofensiva electoral extranjera. Si las acusaciones carecen de sustento, la pregunta surge por sí sola: ¿por qué algunos de los involucrados han optado por responder ante la justicia estadounidense?
La situación se vuelve todavía más incómoda para Morena porque las investigaciones coinciden con años electorales particularmente sensibles. Rubén Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa el 1 de noviembre de 2021. Américo Villarreal Anaya tomó posesión como gobernador de Tamaulipas el 1 de octubre de 2022. Ambos procesos electorales han sido objeto de señalamientos periodísticos y políticos relacionados con la posible influencia del crimen organizado en las campañas.
A ello se suma la sombra permanente de Sergio Carmona Angulo, quién era conocido como “El Rey del Huachicol”, cuyo nombre ha aparecido en múltiples investigaciones periodísticas relacionadas con presuntos esquemas de financiamiento ilegal a campañas políticas. Durante años, la oposición ha señalado la cercanía de operadores políticos de Morena con la red construida por Carmona. Entre los nombres mencionados recurrentemente figura el de Mario Delgado, entonces dirigente nacional del partido y hoy secretario de Educación Pública, quien acompañó a la presidenta en el templete durante el acto conmemorativo.
Frente a estos cuestionamientos, la respuesta presidencial ha sido devolver el golpe. Sheinbaum dedicó parte de su discurso a recordar el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, la represión de Atenco, el conflicto magisterial de Oaxaca y la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. “Fue un narcogobierno”, sentenció al referirse al sexenio calderonista.
Sin embargo, la fuerza de ese argumento parece debilitarse conforme las acusaciones dejan de apuntar exclusivamente al pasado y comienzan a alcanzar a figuras del presente. Porque si durante años Morena construyó buena parte de su legitimidad denunciando la presunta relación entre gobiernos anteriores y grupos criminales, hoy enfrenta un desafío similar desde el poder.
No somos piñata de nadie: la paja en el ojo ajeno
El contexto político del evento tampoco pasó inadvertido. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 850 mil personas participaron en el informe presidencial, tanto en el Monumento a la Revolución como en concentraciones simultáneas realizadas en plazas públicas de 30 entidades federativas. A diferencia de otros actos multitudinarios, la movilización estuvo marcada por reportes sobre una intensa operación política y administrativa para garantizar la asistencia de funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, legisladores, dirigentes partidistas, beneficiarios de programas sociales y estructuras territoriales de Morena.
La imagen también dejó ausencias significativas. Gobernadores morenistas permanecieron en sus estados encabezando eventos paralelos conectados por enlace remoto. Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López estuvieron ausentes de la escena principal, mientras que integrantes del nuevo Poder Judicial ocuparon espacios destacados en el acto. Más que una demostración de unidad absoluta, el evento proyectó la imagen de un movimiento que comienza a cerrar filas frente a una presión política y judicial que amenaza con acercarse cada vez más a los círculos del poder.
La paradoja alcanzó su punto más alto cuando la presidenta cerró su mensaje con dos frases destinadas a reforzar la identidad moral y política de la Cuarta Transformación: “Que quede claro: la honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación” y “México ya cambió, nada ni nadie va a detener la transformación”.
El mensaje buscó transmitir certeza y continuidad. Sin embargo, el contexto terminó abriendo interrogantes inevitables. ¿A qué transformación se refiere el gobierno cuando personajes cercanos a administraciones emanadas de Morena enfrentan investigaciones por presuntos vínculos con estructuras criminales? ¿Puede sostenerse la narrativa de la honestidad como principal patrimonio político del movimiento cuando las acusaciones ya no apuntan al pasado, sino que alcanzan a actores del presente? Y más aún: ¿qué significa afirmar que nadie detendrá la transformación cuando parte de los cuestionamientos provienen precisamente de investigaciones que buscan determinar si el crimen organizado tuvo influencia en procesos electorales que permitieron el ascenso de algunos gobiernos locales?
La contradicción se vuelve todavía más evidente frente a los planteamientos de organizaciones civiles de México y Estados Unidos agrupadas en el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia en Derechos Humanos para el T-MEC. Lejos de respaldar discursos nacionalistas o escenarios de confrontación, estas organizaciones sostienen que la violencia y la impunidad tienen raíces estructurales asociadas a la desigualdad, la corrupción, el tráfico de armas y la falta de rendición de cuentas. Una visión que históricamente ha formado parte de las banderas de la izquierda progresista de la que proviene Claudia Sheinbaum, pero que hoy parece desplazada por una narrativa centrada en la defensa política del movimiento.
Al final, la discusión ya no gira únicamente en torno a la soberanía nacional ni a la posible injerencia extranjera. El verdadero debate consiste en saber quién resulta protegido cuando el nacionalismo se convierte en el principal argumento político. Porque una cosa es defender la independencia del país y otra muy distinta utilizarla como escudo frente a investigaciones incómodas.
Morena sostiene que gobierna en nombre del pueblo. Sin embargo, cuando surgen acusaciones que alcanzan a gobernadores, exfuncionarios y operadores políticos cercanos al movimiento, la prioridad parece trasladarse de la rendición de cuentas a la protección del proyecto político. Y ahí emerge la gran interrogante que dejó el discurso presidencial: si México ya cambió y nada ni nadie detendrá la transformación, ¿esa transformación está fortaleciendo las instituciones democráticas y la transparencia o simplemente está cerrando filas para proteger a quienes hoy concentran el poder?
Porque quizá el problema no sea que México se convierta en la piñata de alguien más. El problema es que, mientras se señala la paja en el ojo ajeno, el gobierno parece cada vez menos dispuesto a mirar la viga que crece dentro de su propia casa.
@JErnestoMadrid
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