Ciudad de México.- Con el objetivo de establecer una nueva autoridad de competencia económica en México que sea efectiva, independiente y legítima, la International Chamber of Commerce México (ICC México), presenta ocho recomendaciones clave para guiar su desarrollo y funcionamiento, donde se destaca la importancia de su independencia del gobierno y de intereses empresariales, así como de una estructura y presupuesto que garanticen su autonomía técnica y capacidad para tomar decisiones imparciales. Ante el anuncio realizado en el Congreso de la Unión para votar esta semana la desaparición de siete Organismos Constitucionales Autónomos, y la transferencia de sus facultades y obligaciones a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, de acuerdo con las reformas dictaminadas positivamente en agosto pasado, ICC México propone estas recomendaciones para que la nueva autoridad de competencia económica pueda promover un entorno de mercado justo y competitivo, a la vez que sea efectiva, legítima e independiente.
En primer lugar, se subraya la importancia de que la autoridad opere de manera independiente en un sentido técnico, para lo que se debe asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica, permitiendo así decisiones imparciales y basadas en las pruebas y análisis de mercado que se realicen de forma profesional por personal con capacidad y experiencia en la materia. Se estima que un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimientos en la materia, y que cuenten con nombramientos de al menos siete años, contribuiría a garantizar la independencia técnica de la institución. Además, es fundamental definir con claridad los objetivos de la autoridad, que debería estar enfocado a la protección del proceso de competencia económica en nuestro país y sus efectos sobre el bienestar de los consumidores. Esta claridad orientará las decisiones y la priorización de casos, asegurando que las acciones de la autoridad estén alineadas con sus metas establecidas. Para evitar sesgos en el análisis de casos y asegurar un proceso justo, se recomienda la separación interna de las funciones de investigación y adjudicación, promoviendo así la objetividad y equidad en la resolución de casos.