Ciudad de México.- Con la mayoría calificada de 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional para aplazar la siguiente elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028, y que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.
El documento que deriva del análisis de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de diversas propuestas de diputadas, diputados, senadoras y senadores de Morena, PAN y MC, reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución Política.
Determina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno y en dos secciones. Establece que el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a más tardar el treinta de abril del año anterior al de la elección judicial que corresponda.
Diputados aprueban en lo general aplazar elección judicial hasta junio de 2028
Fortalece y hace más eficiente la operación de los Comités de Evaluación. Por ello, cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, quienes elegirán de entre sus integrantes a la persona que coordine sus trabajos.
Las personas coordinadoras de los tres Comités crearán una Comisión Coordinadora, responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités.
Cada Comité seleccionará, conforme a los criterios definidos por la Comisión Coordinadora, a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.