Florida, Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo este lunes 13 de abril de 2026 al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil en el estado de Florida, donde permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, según confirmaron registros oficiales del localizador de detenidos de la dependencia estadounidense.
La aprehensión se habría producido por irregularidades en su estatus migratorio, ya que ICE interviene principalmente en casos de residencia legal irregular, y no como resultado de una orden penal directa por parte de las autoridades judiciales norteamericanas.
El propio Zaga Tawil presentó el viernes 11 de abril una demanda ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida solicitando su liberación inmediata, petición que aún no ha sido resuelta por la jueza a cargo del caso.
Rafael Zaga Tawil es un empresario mexicano conocido por haber sido el apoderado legal de la empresa Telra Realty, firma que cofundó junto a su hermano Teófilo Zaga Tawil.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto miembro principal de una organización criminal dedicada al desvío de recursos públicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), uno de los organismos más importantes de la política habitacional en México.
Además del caso Infonavit, Zaga Tawil encabeza una disputa mercantil de alto perfil contra Banco Actinver, a quien reclama la devolución de más de mil millones de pesos más intereses, argumentando una presunta mala gestión de un fideicomiso familiar.
Los antecedentes del caso se remontan al año 2014, cuando el Infonavit —entonces encabezado por Alejandro Murat— suscribió contratos con Telra Realty para el desarrollo de programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Detienen en EU al empresario Rafael Zaga Tawil
Tres años después, en 2017, ya bajo la dirección de David Penchyna, esos contratos fueron cancelados anticipadamente por irregularidades; sin embargo, al salir del acuerdo se negoció una indemnización millonaria a favor de la empresa, cifra que las autoridades consideraron injustificada, ya que la FGR sostiene que Telra Realty carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los compromisos pactados. El daño patrimonial total al Infonavit asciende a 5 mil 88 millones de pesos.
En junio de 2022, la FGR —a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)— obtuvo una orden de aprehensión contra Zaga Tawil por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). En julio de 2024, un juez federal con sede en el penal de Almoloya de Juárez amplió y ratificó dichas órdenes, extendiéndolas también a su hijo Elías Zaga Hanono.
Cabe señalar que en el pasado los abogados de Rafael Zaga lograron invalidar temporalmente varios intentos de imputación de la FGR mediante amparos; no obstante, la propia fiscalía reactivó las órdenes en 2024.
En el mismo expediente, dos exfuncionarios del Infonavit —Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann— también fueron detenidos. Su hermano Teófilo fue aprehendido en abril de 2021 e ingresó al penal del Altiplano, aunque recuperó su libertad en noviembre de 2023 tras obtener un cambio de medida cautelar.
La detención de Rafael Zaga Tawil por el ICE introduce una dimensión internacional al caso y abre la posibilidad de un proceso de deportación o eventual extradición a México, dependiendo de la coordinación entre ambos gobiernos. Fuentes cercanas al expediente señalan que, dado que los abogados de Zaga lograron previamente anular cargos por vía de amparo, no existiría formalmente una solicitud de extradición activa en su contra, por lo que su futuro jurídico quedará sujeto a los procedimientos migratorios en curso en territorio estadounidense.
El Gobierno de México no se ha pronunciado públicamente sobre la detención. Este caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos en materia de presunto desvío de recursos públicos en el sector vivienda en México, y su desenlace será seguido de cerca tanto por autoridades judiciales como por organismos de transparencia.