La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 14 de octubre en Palacio Nacional el decreto a plataformas digitales que les exige retirar contenido violento de las cuentas de niñas, niños y adolescentes. Sheinbaum y Luisa María Alcalde firmaron el documento en plena conferencia matutina, minutos después de que la consejera jurídica lo presentara.
Las empresas no se opusieron. Según la mandataria, solo pidieron un mes para cumplir, por lo que la aplicación arrancaría el 14 de noviembre.
[FOTO: Sheinbaum y Alcalde durante la firma del decreto en el Salón Tesorería. Crédito: Gobierno de México]
Un mes de gracia y la amenaza de una ley
Sheinbaum resumió el pacto con una frase: “Las plataformas estuvieron de acuerdo”. Después lanzó la advertencia: si el gobierno detecta incumplimiento, “pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”.
La Agencia de Transformación Digital vigilará el cumplimiento. Un día antes, la presidenta había sumado a otra instancia: el Centro Nacional de Inteligencia también supervisará las disposiciones. Ese detalle merece seguimiento, porque coloca a un órgano de inteligencia como vigilante de lo que circula en redes sociales.
Lo que dijo Luisa María Alcalde
La consejera jurídica contó que el decreto recoge lo acordado en la segunda reunión con las tecnológicas. Alcalde reconoció que las propias empresas ya aplican filtros: “Ya las plataformas hoy identifican y retiran contenidos para niñas, niños y adolescentes”.
También aseguró que las compañías no opusieron resistencia, y entre los participantes mencionó a Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X. Otras coberturas sumaron a Huawei a esa lista.
Alcalde detalló además el sustento legal. El texto se apoya en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga al Estado a garantizar un uso seguro de internet.
[FOTO: Luisa María Alcalde presenta el decreto en la mañanera. Crédito: Gobierno de México]
¿Qué contenidos deberán retirar las plataformas digitales?
El decreto prohíbe que los menores accedan, vean o reciban recomendaciones de material ligado a:
- discursos de odio y extremismo violento;
- abuso, explotación o violencia sexual;
- suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios;
- violencia escolar, acoso y ciberacoso;
- conductas ilícitas y material sexual explícito.
Alcalde precisó que las empresas deberán incorporar la protección de los menores desde el diseño de sus servicios y retirar de inmediato cuentas o publicaciones violentas.
Obligaciones técnicas
Las compañías tendrán que clasificar contenidos por edad, ofrecer herramientas de supervisión a padres y tutores y activar por defecto los ajustes de privacidad más estrictos. También deberán verificar la edad de sus usuarios.
El decreto les exige un punto de contacto permanente con las autoridades investigadoras, entregar información sobre posibles delitos y alertar cuando detecten amenazas contra la vida.
El origen: el ataque en Torreón
La medida no surgió de la nada. El gobierno la anunció después del ataque en una escuela de Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos hirieron con armas blancas a docentes y estudiantes; una persona murió y cuatro resultaron heridas.
Sheinbaum explicó que en ese y otros casos las autoridades hallaron comunicaciones entre jóvenes a través de plataformas digitales.
Las preguntas que el decreto deja abiertas
El discurso oficial muestra una tensión de fondo. El 9 de octubre, Sheinbaum insistió en que el cumplimiento no dependía de la voluntad de las empresas. Ese mismo día, reconoció que el decreto no tiene sanciones y que buscaba una adhesión voluntaria.
Por lo tanto, hoy el decreto obliga, pero no castiga. La amenaza de una ley con multas funciona como su única herramienta de presión.
Faltan también los detalles técnicos. Al cierre de las primeras coberturas, ni el texto íntegro en el Diario Oficial de la Federación ni los criterios de remoción se conocían. Tampoco queda claro cómo verificarán la edad las empresas sin recolectar más datos personales de los menores.
Colombia ofrece un contraste útil. Su Decreto 0769 de 2026 prohíbe expresamente que las medidas justifiquen censura previa, vigilancia generalizada o el debilitamiento del cifrado. Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha detallado salvaguardas equivalentes.
El reloj ya corre. El 14 de noviembre mostrará si el acuerdo cambia los algoritmos o solo sirve para una foto en Palacio Nacional.