Un tribunal condenó a 245 años de prisión al líder de Los Molina por asesinar a siete personas en Coyoacán en 2018. Así se armó el caso.
Luis Enrique “N” era considerado uno de los diez objetivos prioritarios de las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México
El Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México impuso el pasado 5 de octubre una pena de 245 años de prisión a Luis Enrique “N”, a quien la Fiscalía capitalina identifica como líder de Los Molina. Los jueces lo hallaron responsable, como coautor material, del homicidio calificado de siete personas en Coyoacán.
La cifra impacta, pero tiene un techo: la legislación penal de la capital fija un máximo de 70 años de cárcel. El sentenciado, además, deberá pagar más de 3.1 millones de pesos a las familias de las víctimas.
Una fiesta que terminó en masacre
Los hechos ocurrieron la madrugada del 22 de diciembre de 2018, en la colonia Carmen Serdán, alcaldía Coyoacán. Siete personas celebraban cuando una camioneta se detuvo frente a ellas.
De acuerdo con lo que acreditó la Fiscalía en juicio, Luis Enrique “N” y otros tres hombres descendieron y dispararon contra el grupo. Ninguna de las siete víctimas sobrevivió.
Casi ocho años separan aquella madrugada del fallo. Ese lapso exhibe una realidad incómoda: en la capital, la justicia por homicidio llega tarde, cuando llega.
Quiénes son Los Molina
Las autoridades describen a Los Molina como una organización dedicada al homicidio, la extorsión, el secuestro, el fraude y el narcomenudeo. La Fiscalía los ubica como generadores de violencia en Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac y Milpa Alta, así como en Ecatepec y Valle de Chalco, en el Estado de México.
El grupo no opera solo en el narcomenudeo de barrio. Las autoridades señalan que Los Molina disputan con “Los Panchos” el control de la venta y distribución de droga.
Las investigaciones previas también les atribuyen otros episodios de alto impacto. Además del ataque en Carmen Serdán, los vinculan con el asesinato de siete personas en el pueblo de Los Reyes, el 17 de febrero de 2019.
La captura de un objetivo prioritario
Luis Enrique “N” figuraba entre los diez objetivos prioritarios de las autoridades de seguridad de la capital. La Fiscalía ofrecía medio millón de pesos de recompensa a quien aportara información para localizarlo.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades mexiquenses, lo capturaron el 18 de febrero de 2025 en Tecámac, Estado de México. Tres días después, un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado.
Su caída no desarticuló a la organización. La Fiscalía también reportó la captura de Noé Alberto “N”, alias “El Sefer” o “El Cefer”, a quien señala como otro de los principales líderes del grupo. La estructura de mando, todo indica, se reparte entre varias cabezas.
Las pruebas que sostuvieron la condena
La Fiscalía construyó el caso sobre evidencia científica. Los peritajes de balística vincularon dos armas largas, halladas en el vehículo donde detuvieron al acusado, con los casquillos que quedaron en la escena del crimen.
Los ministerios públicos sumaron dictámenes de medicina forense sobre las causas de muerte y estudios de criminalística que reconstruyeron la agresión. Testimonios y videograbaciones, que la PDI analizó, permitieron rastrear los desplazamientos de los vehículos involucrados.
Con ese expediente, la Fiscalía obtuvo el fallo condenatorio el 9 de septiembre de 2026. Casi un mes después, el tribunal fijó la pena.
Una cifra que cambió en el camino
Un dato merece atención crítica: el número de víctimas varió a lo largo del proceso. Al momento de la captura, la Fiscalía habló de su posible participación en el homicidio de seis personas, entre ellas tres mujeres. Otros reportes de entonces mencionaron cinco víctimas en Carmen Serdán.
La sentencia acredita siete. La autoridad no explicó públicamente la diferencia, que podría responder al avance de la investigación, pero que evidencia la fragilidad de la información oficial en sus primeras etapas.
Reparación del daño y lo que sigue
Además de la cárcel, el tribunal ordenó el pago de más de 3.1 millones de pesos por indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral. También suspendió los derechos políticos del sentenciado.
Las víctimas indirectas conservan su derecho a reclamar durante la etapa de ejecución de la sentencia. En la práctica, esa fase define si el dinero llega realmente a las familias, un punto donde muchos casos en México se estancan.