Se incrementan las denuncias de abuso contra la población latina
Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos alcanzaron en julio de 2026 su ritmo más alto desde que inició la actual administración. Organizaciones de derechos humanos documentan, en paralelo, un aumento de denuncias por uso excesivo de la fuerza, insultos raciales y detenciones basadas en apariencia física contra la comunidad latina.
Un julio de cifras récord
La tasa diaria de arrestos de ICE llegó a mil 474 detenciones en los primeros once días de julio, un salto frente a las mil 300 diarias registradas en junio, que ya había sido el mes con más arrestos de la administración. Desde enero de 2025, el Gobierno estadounidense reporta casi 600 mil deportaciones.
El incremento responde a un mayor presupuesto para control migratorio, más personal contratado y un giro de estrategia: de las redadas masivas en ciudades a un enfoque basado en datos para ubicar a personas indocumentadas, frenar prórrogas judiciales y ampliar arrestos en zonas rurales donde la policía local coopera con agentes federales.
Denuncias de violencia y letalidad en aumento
Cerca de 23 personas han recibido disparos de agentes migratorios desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, seis de ellas con desenlace fatal. A esto se suman 52 muertes de inmigrantes registradas en centros de detención de ICE, cifras que han encendido las alarmas entre legisladores y organizaciones defensoras de migrantes.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) documentó, solo en ocho estados, 413 incidentes de conducta indebida por parte de agentes de inmigración. El mismo informe registra acciones dirigidas contra 214 menores de edad y 150 casos en los que, según la organización, se violó el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Insultos raciales captados en cámaras corporales
Una investigación del Los Angeles Times, retomada en una moción legal presentada por la ACLU y Public Counsel, reveló grabaciones de cámaras corporales y mensajes de texto en los que agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza habrían usado insultos despectivos contra personas latinas durante operativos en el sur de California.
Los abogados de la demanda buscan que un juez federal prohíba las detenciones basadas en perfil racial en la región de Los Ángeles. Parte de la evidencia continúa bajo revisión, ya que varios teléfonos utilizados durante los operativos aún no han sido entregados para su análisis forense.
El miedo se extiende incluso a ciudadanos estadounidenses
El endurecimiento de los operativos ha generado temor entre inmigrantes y también entre ciudadanos estadounidenses de origen latino. Una mujer de origen mexicano, con ciudadanía obtenida hace 21 años, relató en entrevista con un medio hispano que ya no se siente completamente segura pese a contar con documentos oficiales en regla.
Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) encontró que ocho de nueve zonas comerciales de mayoría latina en esa ciudad perdieron clientela como consecuencia directa de las redadas ordenadas por el Gobierno federal.
La respuesta de la agencia: más cámaras, misma estrategia
Ante el aumento de agresiones reportadas contra sus propios agentes, ICE anunció que equipará a todo su personal de campo con cámaras corporales antes de finalizar julio. La medida busca ampliar el registro audiovisual de los operativos, aunque no modifica las facultades legales bajo las que actúa la agencia.
Organizaciones civiles y más de 50 grupos, entre ellos Voto Latino, enviaron una carta al Congreso para exigir la destitución del secretario del Departamento de Seguridad Nacional por el uso de fuerza letal en operativos migratorios, entre ellos incidentes recientes en Texas y Maine.
¿Qué sigue en el frente legal y legislativo?
El litigio impulsado por la ACLU en California podría sentar un precedente sobre el uso de perfiles raciales en operativos migratorios a nivel federal. Mientras el proceso judicial avanza, defensores de migrantes insisten en que el Congreso debe revisar a fondo el actual esquema de deportaciones para evitar más violaciones a derechos constitucionales.