Debe FGR proceder con pruebas contra ex presidentes; no pedir juicio popular.
Miguel A. Rocha Valencia
Es claro que la transparencia en el gobierno de la Cuarta no existe. Lo demuestran varios hechos. Los principales: la entrega del 78 por ciento de los contratos por adjudicación directa o invitación restringida; el nulo castigo a quienes públicamente se demostró que hacen negocios turbios en la administración federal y que los casos de corrupción, complicidades comprobados, no se castigan.
Por eso y ante el fracaso en todos sentidos del gobierno de López, es obvio que los escándalos provocados desde Palacio Nacional, tienen como fin principal, ser un distractor de las crisis política, económica, seguridad y de salud que nos golpean todos los días y que personeros del gabinete presidencial reconocen como reales, algunos incluso prefirieron renunciar que seguir la farsa.
Igual crece el clamor de que el jefe del Ejecutivo, ese que presumen lo eligieron 30 millones de mexicanos, asuma su responsabilidad y ya que es él quien acusa de corrupción a ex presidentes, que los sujete a juicio y presente las pruebas de su dicho.
De otra forma, se tendrá la certeza de que el presidente tabasqueño, miente y que rehúye su responsabilidad de solicitar a la Fiscalía General de la República o al Ministerio Público local para que impute el o los delitos por los cuáles está pidiendo el linchamiento público para ex presidentes de la República, quienes, a su vez, tendrían la obligación o derecho de hacer lo propio con el actual si cuentan con pruebas para ello.
Es decir, López debe cumplir su responsabilidad de cumplir la Ley y hacerla cumplir por sobre cualquier interés de orden político o económico. Su petición de realizar una encuesta o que sus lacayos del Congreso soliciten llamar a juicio a quienes le antecedieron, no es la forma.
Si él, el tabasqueño tiene indicios de cualquier delito cometido por quienes le precedieron en el cargo, debe solicitar la investigación, no pedir un juicio popular.
Eso no es cumplir ni hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, es rehuir una responsabilidad de la cual, es el primer obligado, a pesar de la sospecha de acuerdos en lo oscuro signados a cambio de recibir el mayor poder constitucional.
El juicio popular ya dijo que los ex presidentes son culpables al emitir un voto mayoritario en favor de López, ahora el tlatoani quiere reeditar la historia, pero desde la Presidencia, aunque no en un espíritu justiciero, sino para evadir su responsabilidad ante la debacle nacional que apenas inicia a pesar de las decenas de muertos causados por su mal manejo en salud y seguridad.
Incluso el propio secretario de Hacienda, a quien seguramente correrán muy pronto, a menos que por vergüenza se atreva a renunciar, reconoce que en materia económica falta lo peor con un gobierno en bancarrota, sin “guardaditos” y que dilapidó los recursos que le dejaron los “corruptos” que se fueron.
López Obrador está obligado a probar sus dichos, su petición de juicio a los ex presidentes y meterlos a la cárcel si se prueba su culpa. De otra forma insistimos, quedará como un mentiroso y los escándalos mediáticos causados, se le van a revertir en lo político, mientras el daño social, económico, en salud y seguridad, lo paguemos millones de mexicanos, incluyendo muchos de sus seguidores.