Por Erika Solorio
Las masacres, los desaparecidos, la trata de personas, la violencia generalizada en muchos ámbitos, la pobreza, el hambre, la hambruna, las redadas en Estados Unidos en contra de nuestros hermanos y hermanas migrantes son claras violaciones a los derechos humanos. Afectan a la gente y grupos vulnerables, socavando su dignidad y bienestar.
Están perpetuadas las desigualdades que afectan a comunidades enteras; el bien común no se logra si no se respetan y protegen los derechos de todas y todos. Cuando un Estado falla en proteger a sus ciudadanas y ciudadanos, especialmente a grupos marginados, contribuye a la erosión del tejido social y del bienestar colectivo. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a la gente, lo cual implica garantizar derechos humanos.
La promoción del bien común requiere la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Sin el respeto a los derechos humanos, muchas voces fundamentales son silenciadas, lo que resulta en políticas que no reflejan las necesidades y aspiraciones de la comunidad.
En situaciones de conflicto, desastres naturales o crisis políticas, la lucha por el bien común puede verse seriamente amenazada. En tales contextos, la violación sistemática de derechos humanos se convierte en un obstáculo para la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Voces silenciadas – Por el Bien Común – Opinión
En el año 2023, el Secretario General de la ONU, António Guterres, durante la cumbre del G20 en Nueva Delhi, hizo un llamado a los líderes mundiales a trabajar por el bien común, eliminando la desigualdad existente en la humanidad y avanzar en el desarrollo sostenible.
La exclusión de minorías étnicas, sexuales o políticas supone un atentado a la justicia, perjudicando el bien común al limitar el acceso a oportunidades y recursos.
Las violaciones graves, como la tortura o la ejecución, pueden llevar a la migración forzada, generando crisis humanitarias que afectan no solo a las personas involucradas, sino también a las comunidades receptoras.
Sin la libertad de expresión, la sociedad no puede discutir y abordar sus problemas de manera efectiva, lo que impide la búsqueda de soluciones que beneficien a la mayoría de las personas.
El respeto y la promoción de los derechos humanos son condiciones esenciales para la realización del bien común. Sin un marco en el que se garanticen libertades y derechos, es virtualmente imposible construir una sociedad cohesionada y justa. Por lo tanto, el desafío radica en encontrar formas efectivas de integrar estos conceptos en la práctica política y social, asegurando que las políticas públicas se orienten a la dignidad y el bienestar de todas las personas.
Aún el bien común es una falacia, se escucha en el discurso estéril. Las “autoridades” no quieren ver el sufrimiento de millones y millones de personas, además, han silenciado sus voces. Democracia inexistente.
Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos, asesora política, comunicóloga social. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política.
Fuente: Contraréplica