Luis Ayala Ramos
Tecámac, Estado de México.- El grupo de extrabajadores que mantiene un plantón en la explanada del Palacio Municipal de Tecámac tiene vínculos familiares, sentimentales y políticos con la senadora Mariela Gutiérrez Escalante y el diputado local Samuel Hernández, de acuerdo con información recopilada entre personal del propio Ayuntamiento.
Entre los manifestantes se encuentran exdirectores generales, directores de área, coordinadores, jefes de departamento y personal de confianza que operaron durante años dentro de la estructura política encabezada por la exalcaldesa. Muchos de ellos ocuparon cargos estratégicos en el DIF, ODAPAS e IMDEPORTE, particularmente durante la administración previa.
Vínculos familiares y políticos rodean plantón en Tecámac
Uno de los personajes más visibles es Alejandro López García, quien recientemente fue separado de un cargo directivo y se ha asumido como vocero del plantón bajo el argumento de despidos injustificados. No obstante, dentro y fuera de la administración se le ha vinculado con presuntos desvíos de recursos públicos y la utilización de posiciones obtenidas desde 2018 para favorecer a empresas relacionadas con una posible red de corrupción.
Si bien las investigaciones deberán seguir su curso legal, estos antecedentes permiten comprender la resistencia a los ajustes administrativos realizados por la alcaldesa Rosi Wong, quien ha reiterado que los movimientos corresponden a puestos de confianza y no a despidos masivos, como intenta difundirse.
Vínculos familiares y políticos rodean plantón en Tecámac
Entre los episodios asociados a López García destaca un video difundido previamente, en el que aparece en aparente estado de ebriedad increpando a policías municipales, luego de que colaboradores suyos presuntamente abandonaron a una mujer inconsciente en la vía pública.
El plantón se ha extendido por varios días y ha incluido música de banda, fogatas y actividades nocturnas, lo que ha generado molestia entre vecinos y personal del Ayuntamiento. Para muchos, se trata de un intento de fabricar un conflicto político con el fin de presionar a la administración municipal, más que de una demanda laboral genuina.