• El presidente de EE. UU. insiste en intervenir contra los cárteles en México; la mandataria mexicana responde con soberanía. Entre la presión política y la cooperación limitada, el control territorial del crimen sigue siendo la pregunta incómoda.
Ernesto Madrid
La relación bilateral entre México y Estados Unidos volvió a tensarse esta semana por un tema que desde hace años marca la agenda de ambos países: el poder del crimen organizado. Desde Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una declaración que resume su postura frente al gobierno mexicano: México debería aceptar ayuda militar para acabar con los cárteles.
“Ella no debería haber rechazado mi ayuda para eliminar los cárteles”, dijo Trump antes de abordar el Air Force One rumbo a Mar-a-Lago. La frase tenía destinataria directa: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El mandatario estadounidense fue más lejos: “Me cae muy bien, pero los cárteles, nos guste o no, gobiernan México”.
No es la primera vez que Trump insiste en ese punto. Desde la campaña presidencial de 2024 y ya durante su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha planteado en diversas ocasiones la posibilidad de intervenir contra los cárteles mexicanos, ya sea mediante operaciones militares directas, acciones de inteligencia o designaciones como organizaciones terroristas que permitirían operaciones extraterritoriales.
Diversos pronunciamientos públicos y declaraciones de su equipo han repetido esa idea al menos en tres momentos clave entre 2024 y 2026, presionando para que México permita una participación más directa de Washington en el combate a organizaciones criminales como el CJNG o el Cártel de Sinaloa.
La respuesta mexicana ha sido consistente: no.
Desde Tecomán, Colima,—una de las zonas más golpeadas por la violencia—, Sheinbaum mantuvo la calma pero con una postura férrea, su respuesta fue un “no” rotundo a cualquier intervención que implique presencia de tropas o mando estadounidense en suelo nacional.
La mandataria respondió a un mensaje que Trump replicó en su red Truth Social, donde un usuario cuestionaba si México se había convertido en un “narcogobierno”.
Sheinbaum sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad ya existe, pero tiene un límite claro. “Podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida: la soberanía. Y esa no está a negociación”, afirmó.
Trump presiona; Sheinbaum resiste
La postura mexicana fue respaldada institucionalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que señaló en un comunicado que la cooperación en seguridad con Estados Unidos se mantiene bajo principios de respeto a la integridad territorial y soberanía nacional.
El choque discursivo ocurre además en un contexto diplomático significativo.
La presidenta mexicana no asistió a la firma del “Escudo de las Américas” (o Shield of the Americas), una alianza geopolítica, militar y de seguridad firmada en Miami, Florida, con más de una decena de líderes latinoamericanos afines. Su objetivo principal es combatir el narcoterrorismo, fortalecer la seguridad fronteriza y reducir la influencia de China en la región.
La ausencia fue interpretada por analistas diplomáticos como una señal de distancia política frente a la agenda estratégica estadounidense, especialmente en temas de seguridad y combate al crimen transnacional. En otras palabras: México coopera, pero no se alinea completamente.
El debate, sin embargo, tiene una dimensión incómoda que ambos gobiernos conocen bien. Mientras Washington insiste en intervenir y México defiende su soberanía, los cárteles siguen expandiendo su influencia territorial. Diversos estudios de seguridad coinciden en que organizaciones criminales mantienen presencia significativa en amplias regiones del país, donde operan como redes que combinan: narcotráfico, extorsión, control territorial e infiltración política local.
En ese contexto, la afirmación de Trump —“los cárteles gobiernan México”— resulta provocadora en el plano diplomático, pero toca una discusión real dentro de los análisis de seguridad. El problema no es solo criminal. También es institucional.
Para el gobierno de Sheinbaum, aceptar una intervención directa estadounidense implicaría un costo político interno enorme y un precedente histórico que México ha evitado durante décadas.
Para Trump, en cambio, el tema de los cárteles se ha convertido en una bandera política doméstica, vinculada a la migración, el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza. Así, el conflicto diplomático parece inevitable. Estados Unidos presiona para actuar. México insiste en la soberanía.
Y en medio de esa tensión geopolítica, la pregunta central permanece abierta: quién tiene realmente la capacidad de debilitar a organizaciones criminales que hoy operan como estructuras económicas, militares y políticas dentro del propio territorio mexicano. Porque mientras la discusión se libra entre Washington y Palacio Nacional, los cárteles no parecen esperar autorización de nadie para seguir expandiendo su poder.
@JErnestoMadrid
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