Por Erika Solorio
Es muy triste y lamentable escribir sobre la situación tan vulnerable por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes migrantes de todo el mundo, porque ningún menor de edad tendría que dejar su país para trabajar y poder sobrevivir.
Según datos de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), al primero de julio de 2020, se estima que el número de migrantes internacionales en todo el mundo era de casi 281 millones.
El trabajo infantil entre los migrantes es un problema que requiere atención urgente y multidimensional, es de suma importancia abordar las causas estructurales de la migración y la explotación laboral, garantizando que todos los niños, niñas y adolescentes independientemente de su situación migratoria, tengan acceso a sus derechos fundamentales, incluidos la educación y la protección contra el trabajo.
Son una de las poblaciones más vulnerables en el contexto de la migración, ya que enfrentan diversos riesgos y desafíos debido a su edad, situación legal y, muchas veces, la falta de recursos. Aunque sus derechos humanos están protegidos por varias normas internacionales, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989, al parecer no es suficiente sin un compromiso total para defender sus derechos humanos de forma multidisciplinaria.
El cumplimiento de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible es fundamental para que exista un avance en diversos rubros, entre ellos, la protección para los niños, niñas y adolescentes migrantes que han sido afectados por diversas circunstancias, una de ellas: la falta de oportunidades para sus familias.
Los niños migrantes tienen derecho a estar con sus padres, siempre que sea posible. Los Estados deben facilitar la reunificación familiar cuando sea necesario, y evitar la separación innecesaria de los niños de sus familiares.
No deben ser discriminados por su origen, nacionalidad o situación migratoria. Los derechos deben ser respetados de manera equitativa para todos los niños, sin importar su estatus migratorio.
Los menores de edad migrantes, especialmente aquellos que viajan solos, corren el riesgo de ser víctimas de abuso, explotación laboral, y ser objeto de violencia tanto física como psicológica.
Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que se protejan los derechos de los niños migrantes, sin importar su estatus legal, y deben adoptar políticas públicas y programas que prioricen su bienestar; la creación de mecanismos para identificar y proteger a los niños no acompañados, facilitar el acceso a la justicia y evitar que se les someta a condiciones perjudiciales.
Los derechos humanos de los menores de edad tienen que ser respetados, mejorar su calidad de vida los orilla a salir de sus casas, se exponen a vejaciones durante su trayecto, en busca de un mejor hogar…
Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos, asesora política, comunicóloga social. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política