Ciudad de México.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que se aplicarán las medidas necesarias, a efecto de que existan condiciones para sesionar el próximo lunes y evitar cualquier contagio. Se reforzará el cerco sanitario para evitar que ingrese al Senado alguna persona con síntomas.
Mediante una videoconferencia, informó que se medirá la temperatura a todas las personas que se presenten en la Cámara de Senadores, se repartirán mascarillas y guantes a senadores y a trabajadores. “Habrá sólo el personal indispensable y en ningún caso acudirán quienes estén en riesgo por su saludo o edad”, precisó.
Aclaró que tampoco habrá acceso a visitantes, únicamente a senadores, su equipo muy cercano y los trabajadores indispensables en el servicio parlamentarios. Estará también el personal médico, y además, se sanitizará el Pleno y las oficinas de los legisladores.
Ricardo Monreal mencionó que la Mesa Directiva analiza una serie de medidas para que no haya conglomeraciones en el Salón de Plenos y que el pase de lista y la votación se realice de manera escalonada.
Dijo que durante la sesión sólo podría estar la Presidenta del Senado, un vicepresidente y un secretario, mientras que los senadores seguirán la sesión desde sus oficinas.
El coordinador de los senadores de Morena aseguró que no son objeto de ninguna presión o indicación de nadie para sesionar el lunes porque el Senado tiene autonomía. Se trata, subrayó, de una situación de humanidad para los más marginados y excluidos.
Recordó que otros países han emitido leyes de amnistía para liberación anticipada de personas en riesgo o para que la condena continúe en domicilio. Es un asunto que a muchos no les convence. Nosotros respetamos las opiniones y creemos que es por humanidad y salud pública para evitar más contagios, agrego.
Monreal Ávila dejó en claro que a los que se pretende liberar no son reos de alta peligrosidad, como feminicidas, secuestradores, homicidas, quienes usaron violencia, violadores reincidentes, ni aquellos de alto nivel de peligrosidad social.
Destacó que quienes se beneficiarán de esta decisión son a los mayores de 65 años y que tengan enfermedades graves, o mujeres que por su condición están detenidas o procesadas.
Nos pusimos de acuerdo para que la mayoría intente sacar la Ley de Amnistía y el Presidente a su vez está iniciando un proceso de análisis de preliberación y probablemente de indulto, apuntó.
Monreal Ávila explicó que la sesión fue convocada por los Grupos Parlamentarios de Morena, PVEM, PT y el PES debido a la emergencia sanitaria, dadas las condiciones de hacinamiento y de alta vulnerabilidad de los centros de reclusión nacionales que recibió la actual administración.
Indicó que esta decisión atiende las recomendaciones que han hecho diversos organismos de derechos humanos, por lo que decidieron plantear como único tema la discusión y posible aprobación de la Ley de Amnistía.
Aseguró que no descalificará a ninguna senadora o senador que decida no asistir a la sesión, sin embrago, agregó, la ausencia de los partidos de oposición hará más difícil la labor legislativa, pues será complicado alcanzar el quorum.
En cuanto al tema económico, detalló que, de acuerdo con los artículos 25, 26, 28, 73, 74 y 89, el Presidente de la República es el único facultado para conducir los planes económicos y adquirir deuda para el desarrollo del país. “El Poder Legislativo no puede elaborar un programa económico y ponerlo a funcionar”, puntualizó.
Reiteró que la mayoría legislativa decidió apoyar a López Obrador, por lo que no acompañarán ninguna ley de emergencia económica, pues ya existe un plan serio, racional y fundamentado, el cual tiene respaldo legal y constitucional. Sólo se dará cauce legislativo a la Ley de Amnistía, subrayó.
Detalló que, con la aprobación de dicha ley, podrán alcanzar un estimado de cinco o seis mil beneficiarios, los cuales reúnen las características; por la vía de la preliberación Federal podrán ser entre mil 500 y dos mil.
Afirmó que necesitan la ayuda de todas las entidades federativas, pues éstos son los encargados de aplicar la ley a los delitos de fuero común y son quienes pueden conceder deliberaciones en casos locales. “Si los gobernadores no duplican esta acción, la tarea quedará corta”, aseveró.