Ernesto Madrid
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participa actualmente en el desarrollo de 74 proyectos de obra pública propios y 367 de otras instituciones, pero lo delicado del caso es que lo hace con opacidad en el ejercicio de los recursos públicos y en el avance de las obras que son los principales riesgos asociados a esta decisión del Ejecutivo.
En las justificaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha determinado reservar la información por motivos de seguridad nacional que no se sustentan dada la naturaleza de las obras desarrolladas por la Secretaría en donde se están derrochando billones de pesos y nadie sabe, con certeza, a dónde se fueron o como y con quienes se está gastando, esa es la nueva dinámica de transformación.
De acuerdo con un análisis del Instituto Nacional para la Competitividad (IMCO) si bien es cierto que la participación de la Sedena en proyectos de infraestructura no es reciente su magnitud si es inédita, por ejemplo, entre 2019 y 2023, el número de obras en las que ha participado la Secretaría asciende a 2 mil 823, lo que constituye un aumento significativo si se considera que entre 2006 y 2018 la institución incursionó en la construcción de 851 obras civiles y militares.
El IMCO analizó la participación de la Sedena en la obra pública e identificó que los principales riesgos asociados con esta tendencia son: la opacidad en el uso de recursos presupuestales; la falta de transparencia en sus convenios de colaboración; las irregularidades en el ejercicio del gasto; la reserva de información por razones de seguridad nacional y la falta de información referente a la subcontratación para la construcción.
Sedena acapará obra pública como nunca
La realidad del caso es que la participación de la Sedena en obras públicas está dentro del marco legal: se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que establece que puede dar asesoría militar en todo tipo de obras en el país, y en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (LOEFAM), que contempla su participación en el desarrollo de obras sociales que contribuyan al desarrollo nacional.
No obstante, la construcción de obras civiles se desarrolla en un contexto de opacidad en varios aspectos. Primero, no es posible conocer, de forma completa y detallada, las condiciones en las cuales la Sedena subcontrata a otros actores para cumplir con los tiempos en los proyectos de obra pública. En segundo lugar, existe opacidad en los recursos que la Sedena destina a la construcción de obras para otras instituciones públicas bajo la figura de convenios de colaboración.
Es decir que la opacidad en el uso de recursos presupuestales, la Sedena ejerce recursos para construcción de obra pública con su propio presupuesto y los recursos de otras instituciones. Cuando utiliza su propio presupuesto para construir lo ejerce a través de dos modalidades: Obras públicas en bienes propios y Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM)
Ante esto claroscuros, el IMCO advierte que es necesaria la transparentar de las obras públicas en bienes propios que la Sedena considera no clasificadas por temas de seguridad nacional indicando cuando una obra se desarrolló con la participación de un tercero y cuándo fue administrada directamente por la Dirección General de Ingenieros.
En segundo lugar, destaca que es necesario exigir desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que la información publicada en la PNT referente a los convenios de colaboración firmados entre la Sedena y otras instituciones sea completa y detallada.
A su vez hace un llamado a reformar desde el Poder Legislativo el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar para que sean dos fondos con distintas reglas de operación los que permitan adquirir armamento de manera confidencial y ahorren los recursos que en caso de emergencia podrán utilizarse para que el Ejército cumpla su papel como constructor en casos fortuitos.
Y por último, señala, que es necesario fortalecer las capacidades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a fin de que retome el rol como institución principal encargada de la infraestructura nacional.