• Bajo el discurso de austeridad y “mandato popular”, la iniciativa de Claudia Sheinbaum abre un debate de fondo: ¿modernización institucional o antesala de un nuevo partido dominante?
Ernesto Madrid
“No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar su iniciativa de reforma electoral. Lo dijo con tono firme, apelando a un mandato ciudadano que —según afirmó— la obliga a cumplir lo prometido en sus 100 puntos de gobierno. “Es un asunto de principios”, insistió.
Pero en política no sólo cuentan las palabras; cuentan los incentivos que se rediseñan y los equilibrios que se alteran.
La propuesta plantea una reducción del 25% en el costo total de las elecciones, recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), disminución de recursos a partidos, OPLES y tribunales electorales; además de ajustes salariales en apego al artículo 127 constitucional. También propone eliminar duplicidades, reducir regidurías municipales y compactar tiempos oficiales en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.
En el plano estructural, se mantiene el número de 500 diputados, pero se redefine su forma de elección: 300 por mayoría relativa y 200 de representación proporcional, aunque estos últimos ya no llegarían mediante listas cerradas de partido. Se suma la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas —con prohibición de bots—, mayor fiscalización financiera con operaciones obligatoriamente dentro del sistema formal y la eventual eliminación del PREP para dar paso a cómputos distritales inmediatos al cierre de casillas.
En el papel, el argumento central es eficiencia, transparencia y austeridad. En la práctica, el rediseño concentra poder en la mayoría territorial, reduce márgenes operativos del árbitro electoral y reconfigura el equilibrio entre representación proporcional y fuerza distrital.
Ahí es donde la oposición levanta la voz.
El senador priista Alejandro Moreno Cárdenas quién ha calificado la iniciativa como una “ley Maduro”, advirtió que cualquier partido que la respalde estaría “arrodillado” ante el gobierno. Desde el PAN, Ricardo Anaya acusó que el verdadero objetivo es debilitar al INE para que el partido en el poder controle las elecciones, y criticó que no se endurezcan las reglas contra el financiamiento del crimen organizado.
El trasfondo político no es menor. En un sistema donde la fuerza electoral dominante ya controla la Presidencia y amplias mayorías legislativas, reducir el financiamiento público, compactar órganos autónomos y modificar reglas de representación puede tener efectos acumulativos. La historia mexicana ofrece un antecedente incómodo: el largo periodo hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante décadas operó bajo la lógica de un partido predominante con árbitros y reglas diseñadas desde el poder.
La diferencia —dirán desde Palacio— es que ahora todo se hace por mandato popular y bajo principios de austeridad republicana. La pregunta de fondo, sin embargo, no es si la presidenta cree en el pluralismo, sino si el nuevo diseño institucional garantiza contrapesos reales cuando un solo movimiento concentra fuerza territorial, narrativa y mayoría legislativa.
La reforma incluye, además, la prohibición de la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030 y la ampliación de mecanismos de democracia participativa con posibilidad de voto electrónico en ejercicios locales y federales. Medidas que, en abstracto, fortalecen participación; en contexto, pueden reforzar el control político si el árbitro y los recursos se debilitan simultáneamente.
El dilema es estructural: ¿se trata de abaratar la democracia o de rediseñarla para que resulte funcional a la mayoría gobernante?
“No queremos un partido único”, repite la presidenta. Pero la experiencia comparada demuestra que los partidos hegemónicos no siempre se declaran como tales; a veces emergen gradualmente, cuando las reformas, bajo la bandera de la eficiencia y el mandato popular, reducen la competencia efectiva.
En democracia, la intención declarada importa. Pero el diseño institucional importa más.
@JErnestoMadrid
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