Ernesto Madrid
“El populismo destructor ataca de nuevo, pues ahora quiere acabar con la libre competencia, el derecho a la libertad del trabajo y el derecho a un ambiente sano” advirtió el Partido Acción Nacional (PAN) al señalar que la reforma administrativa que propone el presidente López Obrador, para modificar 23 leyes consiste en abrir las puertas de par en par a la corrupción de la nueva élite del poder.
Este gobierno ya multiplicó la pobreza y la violencia; ya desapareció programas para atender la salud y para proteger a las mujeres, pero quiere destruir aún más por lo que de aprobarse esta destructiva reforma administrativa, Acción Nacional presentará ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad advirtió el dirigente Marko Cortés.
“La situación es sumamente peligrosa porque López Obrador pretende aprobarla en el Congreso con el voto de Morena y sus aliados PT y PVEM” dicha iniciativa agregó, otorga poderes dictatoriales al propio presidente de la República y concede a los funcionarios públicos un poder discrecional y desmedido pues podrán decidir a quién quitarle concesiones, licencias y permisos, advirtió, “él quiere decidir a quién indemniza y a quién no, además de fijar el monto, la fecha y el modo”, fustigó.
Reforma administrativa es para aumentar corrupción
“Los gobiernos populistas, apuntó Cortés Mendoza, se caracterizan por alentar la corrupción de la cúpula gobernante como una medida de control y cohesión interna. La corrupción actúa como el concreto que los une a la hora de buscar mantener el poder como requisito indispensable para preservar su impunidad”, subrayó.
Cortés Mendoza dijo que llegó la hora de que todos nos movilicemos para protestar y frenar al gobierno, México está viviendo uno de los peores momentos de su historia. “No hay espacio para el silencio y la inmovilidad”.
Esta reforma, destacó, abre las puertas a la corrupción pues confiere a la nueva élite del poder facultades discrecionales para que revoque permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ante hechos que, en la opinión discrecional del presidente, afecten el interés público, social o general. En otras palabras, concluyó, podrían hacer lo que quieran sin respetar el marco jurídico.