• La disminución de la pobreza en México es un avance innegable, pero persisten carencias graves en salud, educación y seguridad social que amenazan con frenar la movilidad social.
Ernesto Madrid
La pobreza en México ha bajado a su nivel más bajo en décadas: 38.5 millones de personas, es decir el 29.5% de la población, viven aún en esta condición, lo que representa 13.7 millones menos que en 2016, según el INEGI. Aunque el gobierno federal presume la cifra como un logro histórico, el reto estructural sigue siendo enorme: millones de familias han salido de la pobreza por ingresos, pero permanecen vulnerables por carencias sociales.
El dato más alarmante es la falta de seguridad social, que afecta a 48.2% de la población y ha crecido en estados como San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Puebla. Le sigue el acceso a servicios de salud, que golpea a 34.2% de los mexicanos. A pesar de una ligera reducción respecto a 2022, el retroceso frente a 2016 equivale a 26 millones de personas más sin cobertura. El cambio en el modelo de atención a la población sin seguridad social ha sido clave en este deterioro.
El rezago educativo tampoco muestra avances sustanciales: hay 1.5 millones más de niñas, niños y jóvenes fuera de la escuela que hace ocho años. Las becas universales, como las Benito Juárez, han sido cuestionadas porque terminan beneficiando a quienes menos las necesitan.
Reducir la pobreza no basta: urge inversión, empleo y salarios dignos
Desde el sector empresarial, Coparmex reconoció que reducir la pobreza es posible, pero advirtió que solo se logrará de forma sostenible si se priorizan la inversión, el empleo formal y los salarios dignos. “El empleo es la principal vía de acceso a salud y seguridad social. Es momento de analizar qué funcionó y qué debe corregirse con urgencia”, señaló el organismo.
El llamado es claro: mejorar la distribución de los programas sociales, garantizar que las pensiones del bienestar lleguen realmente a los más pobres y construir una economía inclusiva que combine inversión con justicia social. Para ello, empresarios y especialistas coinciden en cinco prioridades:
• Generar empleos de calidad con remuneraciones suficientes.
• Incorporar a mujeres y jóvenes al mercado laboral formal.
• Impulsar cooperativas y negocios locales.
• Garantizar salud y educación de calidad.
• Promover certeza jurídica y seguridad para atraer inversión.
El gasto privado en salud —que creció 40% en 2024 respecto a 2016— muestra la urgencia de revertir la carga económica que hoy enfrentan millones de hogares. Como advierte México Evalúa, el país necesita un viraje de prioridades: convertir el poder político en un verdadero proyecto de desarrollo sostenible.
La reducción de la pobreza es un logro. Pero sin inversión productiva, empleo formal y salarios justos, seguirá siendo un alivio temporal y no una transformación estructural.
@JErnestoMadrid
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