Ciudad de México.- la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propuesta fue enviada a San Lázaro por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y contempla la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales para la reasignación de volúmenes hídricos. Dicho fondo se conformará con los volúmenes recuperados de títulos de explotación, uso o aprovechamiento, los cuales no podrán considerarse en la disponibilidad ordinaria.
El proyecto también impulsa el reúso de aguas residuales tratadas y no tratadas, bajo principios de sustentabilidad, sostenibilidad, protección ambiental y responsabilidad hídrica. En conjunto, las iniciativas buscan regular el uso y la conservación del agua, estableciendo bases para una gestión más responsable y transparente.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum subrayó en su conferencia matutina el 1 de octubre que se trata de una iniciativa que devuelve el agua a la nación y deja de concebir las concesiones como una “mercancía”.
“El agua es un recurso escaso, sobre todo en el centro y norte del país, y necesitamos ordenarla. Por Constitución, es un recurso de la nación y se puede concesionar, pero lo que ya no se podrá es vender ni transferir los títulos de concesión en caso de cambio de uso del agua”, puntualizó.
En la misma conferencia matutina, Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), explicó que la iniciativa de la Ley General de Aguas busca establecer las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, en cumplimiento del artículo cuarto constitucional.
Morales López señaló además que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, vinculadas al artículo 27, tienen como propósito fortalecer la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales y dotar a la autoridad hídrica de mayores instrumentos de gestión y regulación.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales propone eliminar el régimen de transmisión de derechos de agua entre particulares y ajustar las reglas para el cálculo de la cuota de garantía, con el fin de evitar el acaparamiento. También busca reforzar los mecanismos para detectar usos irregulares e incumplimientos, endurecer el régimen de sanciones e incorporar un catálogo de delitos hídricos.
Por su parte, la nueva Ley General de Aguas plantea definir las acciones que deben asumir las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua destinada al consumo personal y doméstico. Asimismo, propone reglas claras en la distribución de competencias entre la federación, los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
El proyecto también incorpora un apartado sobre cultura del agua, que busca concientizar a la población sobre su valor para la vida y la dignidad humana, promover un uso racional y eficiente del recurso, fomentar la participación social en su conservación y reconocer los sistemas comunitarios de gestión del agua.