Washington, Estados Unidos.- Un tribunal federal de apelaciones del distrito de Columbia rechazó este sábado 22 de noviembre la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para reactivar las deportaciones rápidas de personas migrantes, respaldando así un fallo previo que había frenado la política impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.
Por votación dividida (2-1), el tribunal denegó la moción de suspensión presentada por el Gobierno, que buscaba mantener en operación el mecanismo de deportación acelerada mientras continuaba el proceso de apelación. La corte concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) logre demostrar que su sistema de evaluación para determinar quién es elegible para la deportación expedita cumple con las garantías constitucionales.
“Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación», señaló el documento.
Rechaza Columbia reactivar deportaciones rápidas de migrantes solicitadas por Trump
La decisión se alinea con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., quien en agosto había bloqueado temporalmente la aplicación de las deportaciones rápidas. Cobb advirtió que este mecanismo “prioriza la rapidez” sobre el debido proceso y podría “llevar inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error” debido a un procedimiento deficiente.
El bloqueo se emitió tras considerar que la ampliación del estatuto afectaba a un amplio grupo de personas que no habían estado previamente sujetas a este tipo de deportación acelerada.
En enero, el presidente Trump restableció la política de “expulsión inmediata”, una medida aplicada también durante su primer mandato (2017–2021). Esta permite la deportación rápida de inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar al menos dos años de estancia continua en el país, sin necesidad de una audiencia ante un juez migratorio.