Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una dura denuncia contra el gobierno federal y el estatal de Michoacán, acusándolos de negligencia, omisión y posible colusión tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Para los legisladores priistas, este crimen no es un hecho aislado, sino la evidencia más clara del colapso del Estado frente al crimen organizado.
En un punto de acuerdo presentado en el Senado, el PRI exigió medidas extraordinarias de protección integral para autoridades municipales, estatales y federales que enfrentan amenazas, incluyendo escoltas, protocolos de resguardo y recursos emergentes bajo supervisión federal. La bancada advirtió que la violencia se ha convertido en una constante en México por la impunidad y la falta de acción gubernamental, lo que coloca a los servidores públicos en una situación de vulnerabilidad extrema.
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“El gobierno fue advertido y no actuó. La omisión mata, y la impunidad entierra. Carlos Manzo no murió por falta de suerte, sino por falta de Estado”, sentenciaron los senadores, al recordar que el alcalde había solicitado protección en reiteradas ocasiones y denunciado el control del crimen organizado en la región.
El PRI calificó el asesinato como un crimen de Estado, señalando que ser autoridad municipal en muchas zonas del país equivale a tener una sentencia de muerte. “El crimen organizado no solo manda en las calles, sino que desafía abiertamente a las instituciones porque sabe que nadie lo detiene”, acusaron.