La reciente reforma al artículo 21 de la Constitución mexicana tiene como propósito reforzar el papel de esa secretaría como la autoridad central en temas de seguridad pública.
En medio de la vorágine de acontecimientos internos y externos, entre ellos los que nuevamente ponen en el centro de la discusión pública la autonomía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el ejercicio del poder Ejecutivo Federal, ha ocurrido uno de los cambios más significativos en lo que va de la actual administración del Gobierno Federal.
Se trata de la conformación de la súper Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), derivado de la iniciativa legislativa propuesta por la presidenta de la República, con la que se dota de todo el poder de investigación, coordinación nacional y operación territorial, que estará al mando de un civil, Omar García Harfuch.
La reciente reforma al artículo 21 de la Constitución mexicana tiene como propósito reforzar el papel de esa secretaría como la autoridad central en temas de seguridad pública, que adquiere por decisión del Congreso mayores facultades para coordinar y supervisar las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales -orden, control y supervisión- enfocadas en el combate al crimen organizado que mantiene en jaque al país y a la población en general.
Otro rol al Ejército
Un punto no menor que está detrás de la conformación de esta súper Secretaría y, por lo tanto, del surgimiento de este súper secretario, es que se acota o minimiza el papel que hasta ahora desempeñan los mandos militares, asignados a tareas de seguridad desde la administración de López Obrador, y a la propia Guardia Nacional, un ente público que navega, en el ámbito de la seguridad, con elementos adscritos a la Secretaría de la Defensa, pero con un maquillaje pseudo civil.
Un cambio de esta envergadura no puede ocurrir sin la decisión política de la presidenta de la República, no solo por el nivel de poder operativo y de investigación con que contará García Harfuch, sino por ese otro aspecto que representa poner un dique constitucional al crecimiento de la presencia militar en tareas de seguridad e inteligencia.
No habría de sorprender este cambio sustancial -por cierto, aprobado en el Senado de la República por unanimidad de las fuerzas políticas-, dados los resultados negativos en materia de combate al crimen organizado y la reducción de los índices de inseguridad y criminalidad. Hasta el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la política de “abrazos no balazos” impuesta por López Obrador resultó todo un fracaso.
Información de seguridad interna revela que aproximadamente entre 15 y 20 cárteles delictivos operan en territorio nacional. No solo no se ha logrado reducir el poder criminal de esos grupos, sino que algunos de ellos se han expandido. Entre los más peligrosos están los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noroeste y celulas delictivas como el grupo criminal “Santa Rosa de Lima”, “Los Marro”, “La Chapiza”, “Los Ardillos”, “La Unión Tepito” y “La Anti-Unión”.
Doble “blindaje”
Hoy se sabe que alrededor de un tercio del territorio nacional cuenta con presencia e incluso algún grado de control por parte de algún cártel o célula delictiva. De acuerdo con datos de la empresa TResearch International, en lo que va de la actual administración suman 3 mil 175 asesinatos dolosos. En tanto que el gobierno reportó mil 300 asesinatos dolosos en los primeros 19 días del actual gobierno.
De ese tamaño es el reto y por ello la necesidad de un cambio de paradigma en la política de seguridad pública y de combate al crimen organizado. La necesidad interna ya no admite prórroga y la presión externa, sobre todo de EU y sus “Halcones” que operarán desde la propia Casa Blanca, exigen dejar atrás ocurrencias tropicales.
Omar García Harfuch queda al frente de la súper secretaría con un doble blindaje político para iniciar este reto de proporciones épicas: la confianza personal y absoluta de la Dra. Claudia Sheinbaum -hay que recordar el AMLO lo quería lejos del gobierno federal y privilegiar a los militares en esa tarea-, y el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado que saben que la situación llegó ya a niveles insostenibles.
Hasta los propios morenos, como Higinio Martínez, claman por hacer algo distinto para frenar al crimen organizado. “La inseguridad está acabando con el país”, dijo en un tono inusual dentro de la ortodoxia del partido dominante.
La situación se agrava día a día, como lo revela la participación del capitán de Justicia Militar retirado, Germán Reyes, quien era el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chilpancingo, presunto responsable del asesinato y decapitación del alcalde Alejandro Arcos Catalán. ¿A qué nivel llega entonces la connivencia entre autoridades y criminales?
¿Todo bajo su control?
Ahora la Secretaría al mando de García Harfuch estará a cargo de la inteligencia a nivel nacional en el combate al crimen organizado y el combate a la inseguridad pública, así como el establecimiento de la coordinación operativa de mandos policiales en los Estados y Municipios del país, tareas que generarán, sin duda, todo tipo de resistencia institucional. Resultados, no más excusas o ineficacia son las premisas que plantea la llegada del exsecretario de Seguridad Pública de la CDMX quien, por cierto, recientemente ya dio muestras de por dónde irán las cosas en adelante.
La reforma aprobada esta semana en el Senado otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un papel central en la organización y ejecución de operativos de seguridad, lo que incluye la coordinación de la polémica Guardia Nacional –hoy bajo estructura militar.
Se queda también con el control de la inteligencia a nivel nacional, la joya de la corona, además del control de recursos a nivel federal asignados a tareas de seguridad pública, un tema que preocupa desde ahora porque el dinero público asignado a la seguridad era el principal eslabón de corrupción al que estaban unidos, a todos los niveles, mandos, jefes regionales, elementos y funcionarios además de que constituía el botín que pelean grupos criminales.
No es una exageración plantear que la puesta que hace la Dra. Sheinbaum otorgando a Omar García todo el poder y todos los recursos para que rompa el círculo vicioso de corrupción, delincuencia organizada, inseguridad creciente y, en especial, el miedo que se siente vivir en México por la violencia galopante constituya el parteaguas sexenal y la demostración de que es ella quien tiene las riendas del país.
Por Oscar Sánchez Márquez
Consultor en comunicación política
@delvalle1968