• En la FGR 7 de cada 10 casos gestionados permanecieron sin ser resueltos, incrementando el rezago
Ernesto Madrid
La Secretaría de Gobernación tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país, argumento la presidenta Claudia Sheinbaum para justificar que “no me voy a reunir con la Corte”, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó entregar al Senado las listas de plazas de jueces y magistrados disponibles para la elección judicial.
Lo anterior fue recriminado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que expresó este jueves su enérgico rechazo a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de “destrabar” la reforma al Poder Judicial tras calificar esta determinación como una “violación a la división de poderes”.
Y mientras esto sucede, la justicia sigue rezagándose, pero no en los tribunales ya que desde 2019, las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) han disminuido un promedio de 12% anual, lo que supone una menor carga de trabajo al ingresar menos casos que deban ser procesados. Sin embargo, esta reducción no ha mejorado la resolución de los casos, ya que entre 2019 y 2022, años para los cuales se dispone de datos públicos, 7 de cada 10 casos gestionados permanecieron sin ser resueltos, incrementando el rezago.
Solo que la presidenta criticó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder del PAN y PRI ya que, desde su perspectiva, “los partidos políticos no tienen atribución, más que en algunos casos electorales, de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarlo”, dijo, pero no tomo en cuenta las interpuestas por los jueces y magistrado.
Aunque esto no es del todo cierto, ya que, de acuerdo con los constitucionalistas, la constitución fue creada por el poder constituyente que perfilo al país como una democracia en donde se establecieron los tres poderes de la unión lo cual el poder constituyente, que son los poderes derivados de la constitución, no lo pueden modificar, como es el caso de la Reforma al Poder Judicial.
Dicho de otra forma, los poderes constituidos, como el congreso del unión, si bien, es un poder reformador, todas las reformas tienen que estar limitados al espíritu del poder constituyente ya que los poderes constituidos son los creados por el poder constituyente y cuando se trata de modificar la constitución, tiene limites y no puede quitar el poder constituyente como lo pretende la reforma judicial ya que está delimitado que México tiene que seguir los pasos de una democracia.
La realidad es que la discusión sobre la reforma judicial nos ha puesto sobre la mesa no sólo un tema jurídico sino, principalmente, uno de carácter político con profundas consecuencias para la división y el equilibrio de poderes que mandata el constituyente en un país con perfil democrático.
Lo cierto es que el rezago en la justicia no se da tanto en los juzgados sino en las fiscalías, como el caso de la General de la República que, desde su transición de Procuraduría General de la República a Fiscalía en 2019, bajo la dirección del fiscal Alejandro Gertz Manero, la institución ha enfrentado críticas por su discrecionalidad en la gestión y la falta de un marco de referencia público para la persecución de delitos del fuero federal, como el Plan Estratégico de Procuración de Justicia.
Que por supuesto, deriva de la austeridad republicana a la pobreza franciscana que determino López Obrador ya que entre 2020 y 2024, la Fiscalía experimentó un ajuste presupuestal que disminuyó de aproximadamente 20 mil 517 millones de pesos en 2020 a cerca de 18 mil 939 millones en 2024, una reducción de 7.7 % en términos reales. Esta disminución también se reflejó en el presupuesto ejercido, con la excepción de 2023. Es decir, se terminó gastando todavía menos de lo que originalmente había sido aprobado.
Lo anterior, llevó a que las carpetas de investigación iniciadas hayan disminuido alrededor de un 12 % cada año. La reducción más pronunciada se observa en 2024, con una caída del 41.4 % respecto al año anterior; sin embargo, es importante considerar -aún no se dispone de información completa para evaluar el 2024 en su totalidad- , que los casos de justicia mexicana no están atorados del todo, en el Poder Judicial sino en todo caso, en las fiscalías.