Ciudad de México.- Aunque Nissan comunicó oficialmente que el cierre de su planta en Jiutepec, Morelos, responde a su reestructuración global “Re:Nissan”, que busca consolidar operaciones en instalaciones más modernas como la de Aguascalientes, diversos especialistas consideran que el contexto mexicano actual no puede disociarse del anuncio. En medio de reformas estructurales que han sacudido el marco institucional, la incertidumbre jurídica comienza a reflejarse en decisiones corporativas con implicaciones profundas.
La planta de Morelos, con más de cinco décadas de operación continua, ha sido símbolo de arraigo industrial, estabilidad laboral y producción estratégica. El traslado de toda la operación a Aguascalientes deja sin empleo a más de 9 mil personas entre trabajadores directos e indirectos, mientras que la región pierde un motor económico que representaba más del 10% de la producción nacional de Nissan. Aunque la narrativa oficial se enfoca en mejorar eficiencia y reducir costos operativos, analistas advierten que la desconfianza ante un entorno jurídico volátil influye de manera silenciosa.
Nissan se despide de Morelos
En los últimos meses, la reforma judicial que plantea elegir jueces por voto popular ha sido señalada como una amenaza a la independencia del Poder Judicial. Asimismo, la desaparición de órganos autónomos y el control político sobre decisiones clave ha encendido las alarmas en entidades financieras internacionales. JP Morgan advirtió que las reformas podrían derivar en una rebaja de la calificación crediticia del país, mientras que inversionistas esperan con preocupación la revisión del T-MEC en 2025, ante posibles violaciones a compromisos internacionales por parte del gobierno mexicano.
La inversión privada, que fue motor del auge del nearshoring, cayó de 21.9% a 21% del PIB durante el primer trimestre de este año. Empresas como Iberdrola han comenzado su salida del país, mientras que otras han pausado expansiones ante la falta de garantías jurídicas. La OCDE y BNP Paribas coinciden en que México enfrentará un crecimiento económico limitado en 2025 y 2026, atribuido en parte al debilitamiento institucional.