Ernesto Madrid
Lo hechos resientes y constantes del crimen organizado que han ocurrido en casi todos los estados del país han acentuado la ineficacia de la actual estrategia de seguridad que ha errado en decisiones como subordinar a la Guardia Nacional a la Sedena que pone en riesgo los derechos humanos e incluso podría poner en peligro el orden democrático.
“Los mexicanos no merecemos ser rehenes de la violencia e inseguridad que impera en nuestro país” agregaron los empresarios al señalar que el estallido más reciente en Zapopan, Jalisco, -y este miércoles en Guerrero y Morelos- que dejaron como saldo una persona fallecida y seis más heridas y 19 muertos y una diputada local en el segundo y tercer, son inconcebibles.
“Estos hechos, que se sumó a los ocurridos en semanas recientes en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Michoacán y Veracruz, sólo por mencionar algunas entidades, acentúa la ineficacia de la actual estrategia de seguridad que ha errado en decisiones como subordinar a la Guardia Nacional, una corporación de mando civil, a la SEDENA, de orden militar y ahora, mantener al Ejército en tareas que lo distraen de su objetivo de defender la soberanía nacional y pone en riesgo los derechos humanos e incluso podría poner en peligro el orden democrático”.
“La militarización no ha sido ni es la respuesta a la inseguridad” por el contrario “es necesario el fortalecimiento de las corporaciones policiacas municipales, estatales y los ministerios públicos, sostuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Militarización no es la respuesta a la inseguridad porque vulnera democracia
Con estos argumentos, reiteraron el llamado a los legisladores de oposición para que, en cumplimiento de sus atribuciones, integren y presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para que sea el Poder Judicial quien haga respetar el Estado de Derecho.
Más aún, añadieron, ante la reciente aprobación en el Pleno del Senado del Artículo Quinto Transitorio que le permite al Ejército realizar tareas de seguridad pública hasta 2028, consideraron necesario revisar primero la inconstitucionalidad de las modificaciones a las leyes secundarias que fueron aprobadas previamente para permitir el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Lamentaron que, siendo la seguridad uno de los factores sociales que inciden en la calidad de vida y un indicador determinante para la llegada de inversiones al país, los recursos para este rubro no sean la prioridad para el Gobierno Federal en el sentido que el Estado debe cumplir con su obligación constitucional de proveer seguridad a la ciudadanía, desde el fortalecimiento y consolidación de las corporaciones de mando civil a través del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, de forma conjunta con la Guardia Nacional, con una estrategia efectiva que busque la coordinación entre las corporaciones y no la suplantación de funciones.
Por eso dijeron, es apremiante que el Gobierno de México defina con urgencia una verdadera estrategia de seguridad que priorice la prevención, la coordinación entre las corporaciones a nivel nacional, la procuración de justicia; que otorgue los recursos suficientes para el fortalecimiento de las policías municipales, estatales y los ministerios públicos, que atienda las causas sociales de la inseguridad pero que, sobre todo, ponga al centro de sus objetivos la vida y dignidad de las personas.
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