Agencias.- Como resultado de una solicitud de arbitraje internacional que se presentó todavía en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la empresa de rescate de tesoros submarinos, Odyssey Marine Exploration, ganó al Gobierno de México una indemnización millonaria, por la doble negativa de la SEMARNAT, de otorgar la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental, para el proyecto de minería submarina «Don Diego», en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
De acuerdo con la firma estadounidense con sede en Tampa, Florida, después de cuatro años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), notificó la resolución del laudo arbitral que ordena a México pagar 37.1 millones de dólares por incumplimiento de sus obligaciones en el marco del capítulo 11 del TLCAN, más intereses anuales a tasa de bonos del Tesoro de México, (cercano al 10 por ciento), a partir del 12 de octubre de 2018, hasta que la indemnización se pague en su totalidad.
Además, el CIADI instruyó al gobierno mexicano a cubrir los honorarios de los árbitros y los costos administrativos del proceso que comenzó el 4 de septiembre de 2020, luego de que Odyssey Marine Exploration reclamó un bloqueo al proyecto de minería submarina «Don Diego», al considerar que no hubo piso parejo, ni un trato justo y equitativo para sus inversionistas, así como una expropiación por la vía de hechos de la concesión minera que en su momento le otorgó la Secretaría de Economía.
El fallo de hoy valida nuestra posición de que la agencia ambiental de México SEMARNAT, negó erróneamente nuestro permiso ambiental, que contenía amplias aportaciones de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable. El proyecto sigue siendo estratégicamente significativo y comercialmente viable», declaró Mark Gordon, director ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de Odyssey Marine Exploration.
La empresa que pretendía el pago de daños y perjuicios por un monto de poco más de dos mil 300 millones de dólares, incluyendo intereses desde abril de 2016, tenía la intención de dragar el fondo marino de la región conocida como el Golfo de Ulloa en la costa del Pacífico Norte, para extraer fosfato, una especie de chapopote, que es una codiciada materia prima para fabricar fertilizantes.