• Resolución de la SCJN, tendría implicaciones profundas en la defensa de la democracia y la independencia de poderes: PAN
Ernesto Madrid
Sin importar el desenlace de las elecciones de Estados Unidos, los tres países de Norteamérica deben mantener una agenda firme hacia la primera revisión del T-MEC, donde aún existen retos que trascienden fronteras, no obstante, en las primeras semanas de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México sus acciones han sido de continuidad con el legado de López Obrador con intentos muy aislados de distanciarse.
En el contexto, Norteamérica tiene la oportunidad histórica de explotar el potencial de la región aprovechando su complementariedad en el comercio y en el talento del capital humano. Por esto, crear metas compartidas para el futuro es lo único que asegura que podamos seguir contando nuestra historia de éxito.
De acuerdo con dos análisis de México ¿cómo vamos’ y México Evalúa, “la presidenta Claudia Sheinbaum parece replicar la estrategia de negación de la violencia de su antecesor López Obrador, al enfocar la narrativa en la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional, sin considerar la complejidad de la situación en diversas entidades”.
En su discurso ante empresarios, la presidenta prometió reglas claras y seguridad para las inversiones extranjeras, pero luego afirmó que no acataría una orden judicial, un eco de la gestión de López Obrador quien imponía la voluntad presidencial sobre la institucionalidad.
La reciente aprobación de la reforma judicial en México ha sido causa de incertidumbre para el mercado financiero, medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y cámaras de comercio. Nuestro país es una de las principales economías del mundo, por lo que un Estado de derecho fuerte es un símbolo de que las reglas comunes son respetadas y que existen mecanismos de resolución en caso de que surja un conflicto, lo que es clave para inversionistas y nuestros socios comerciales.
Entre los riesgos de la nueva reforma está la elección por voto popular de jueces y ministros que facilita la injerencia de grupos de interés en la impartición de justicia en México, además que es contraria al T-MEC en materia de integración comercial (capítulos 2, 18, 21 y 22) y laboral (capítulo 23). Un panorama de incertidumbre aleja inversiones que son beneficiosas para nuestra economía al generar mayor crecimiento y empleos de calidad.
De acuerdo con la encuesta elaborada por Banxico, 72% de los encuestados considera que el clima de negocios empeorará en los próximos seis meses, a pesar de la continuidad esperada entre la administración del presidente López Obrador y la de la presidenta Sheinbaum. La percepción negativa se atribuye a cambios institucionales como la reforma al poder judicial, la reforma de Pemex y CFE a empresas públicas del Estado, y la posible desaparición de organismos autónomos como COFECE, IFT e INAI.
La organización World Justice Project (WJP) dio a conocer el Ídice del Estado de derecho 2024 el cual considera la percepción y experiencias sobre el Estado de derecho en 142 países. En esta edición, el ranking de México fue en el lugar 118 de 142. Entre los ocho factores que se consideran para el índice, los de peor puntuación son “Ausencia de corrupción” y “Justicia penal”.
En un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) retoman el “engrandecimiento del poder ejecutivo” de la académica Nancy Bermeo como una forma de ver el retroceso democrático en un país.
Para el caso de México, analizan cuatro dimensiones de retroceso democrático, entre ellas la influencia del ejecutivo sobre el poder judicial, junto con indicadores donde buscan ver si el expresidente AMLO exhibió ese comportamiento. En la dimensión del poder judicial, AMLO exhibió todas las conductas, entre ellas el “Uso de decretos ejecutivos para restringir la supervisión judicial de la Presidencia”.
La percepción internacional de un debilitamiento o retroceso en nuestra democracia puede tener graves consecuencias para las inversiones y en nuestra relación comercial en Norteamérica. Los cambios institucionales no son malos ni prohibidos por el T-MEC mientras las implicaciones no afecten la certidumbre jurídica o la libre competencia de empresas.
Lo cierto es que, el discurso de “reglas claras” de la presidenta, parece vacío. Son instituciones fuertes, no promesas individuales —así sean las de la presidenta—, las que podrían garantizar un futuro más seguro y confiable.