• HRW alerta retroceso democrático mientras Morena blinda a sus operadores
Ernesto Madrid
México volvió a encender focos rojos en el escenario internacional. El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW) documenta un retroceso democrático sostenido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, caracterizado por el debilitamiento del Poder Judicial, la opacidad institucional y la erosión del Estado de derecho, un escenario que hereda directamente la presidenta Claudia Sheinbaum.
El organismo señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra, evitó ejercer un escrutinio real sobre el sexenio anterior, dejando sin contrapesos decisiones estructurales como la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, impulsada desde Palacio Nacional y respaldada por Sheinbaum. La modificación constitucional obliga a jueces a someterse a elección popular, un mecanismo que, advierte HRW, abre la puerta a la captura política de la justicia.
El diagnóstico ocurre en un país marcado por la violencia: en 2024 la tasa oficial de homicidios superó los 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del planeta. En Sinaloa, tras la detención de un líder del cártel local en julio de ese año, se registraron más de mil 800 asesinatos derivados de disputas criminales.
A la par, el número oficial de personas desaparecidas rebasa ya las 130 mil, mientras el Estado sigue sin articular una estrategia eficaz de prevención y castigo. El hallazgo de restos humanos y presuntos hornos clandestinos en un rancho cercano a Guadalajara, en 2025, volvió a exhibir la dimensión de la tragedia.
La gravedad llevó al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas a activar, por primera vez, el artículo 34 de la Convención internacional para evaluar si en México estas prácticas son generalizadas o sistemáticas. La respuesta del gobierno fue negar cualquier responsabilidad estatal y desde el Senado incluso se amagó con pedir sanciones contra el propio comité.
México bajo observación
El deterioro también alcanza a la libertad de expresión. Artículo 19 documentó siete periodistas asesinados en 2025 y al menos 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y críticos. México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para informar.
Sin embargo, mientras los organismos internacionales describen un Estado rebasado, la clase política dominante opera con normalidad.
El excoordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se deslindó públicamente del llamado “huachicol fiscal” justo después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelara una red de empresas fantasma —algunas ya identificadas por el SAT— utilizadas para obtener contratos por hasta 2 mil 360 millones de pesos en dependencias federales como Segalmex y Conagua.
Aunque su nombre aparece ligado a empresas vinculadas con familiares de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora hoy preso en Almoloya, López aseguró que, de existir una investigación real, ya habría sido citado por la autoridad.
No ocurrió.
Lejos de quedar marginado, el tabasqueño reapareció como operador político activo, sin cargo formal, pero con margen pleno para moverse dentro de Morena y ampliar su influencia por instrucciones de Palacio Nacional.
La fotografía es clara: mientras HRW, la ONU y organizaciones civiles advierten sobre la deriva autoritaria y la crisis de derechos humanos, los principales actores del régimen permanecen intactos, protegidos por una arquitectura de lealtades que neutraliza cualquier intento de rendición de cuentas.
México enfrenta así una paradoja incómoda: el mundo observa el deterioro institucional, pero dentro del sistema nadie cae. Y en ese contraste entre la alarma externa y la impunidad interna, se consolida un poder que aprende rápido una lección esencial: en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, los costos no los pagan quienes mandan.
@JErnestoMadrid
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