• El Paquete Económico 2025 va en contra de los principios de desarrollo social y combate a la pobreza que el régimen actual abandera
Ernesto Madrid
El Paquete Económico plantea un severo recorte al gasto en salud, como parte de la estrategia de consolidación fiscal, la falta de gobernanza y blindaje institucional que permite se reduzca el gasto en este derecho humano.
En paralelo, la urgencia por acabar las obras prioritarias del Gobierno de López Obrador impulsó la inversión en infraestructura de enero a octubre con un nivel no visto desde 2016 que ha provocado un endeudamiento, muy superior a la inversión física y el gran aumento de la deuda en 2024 se ha dado a costa no de impulsar la inversión, sino el gasto corriente.
Lo anterior es el escenario que se advierte entre los ingresos y gastos del gobierno federal que, para México Evalúa, “estamos bajo una combinación nociva. Por un lado, un Gobierno que se aleja de la transparencia, los contrapesos y la rendición de cuentas.
“Por el otro, un régimen criminal que en algunas regiones suplanta al Estado. En este contexto, la recientemente aprobada reforma al Poder Judicial, por su mal diseño, se ha convertido en el símbolo de un gobierno que prioriza el poder sobre los derechos de las personas”.
En todo este contexto, la situación se agrava con el Paquete Económico 2025 que opta por recortes que profundizan no sólo la desigualdad, sino la violencia e inseguridad de la ciudadanía.
“Las dependencias que atienden la salud de la población más vulnerable, como el IMSS-Bienestar, sufrirán los mayores impactos. De la misma manera, se avizoran recortes a la seguridad en uno de los periodos más violentos de la lucha entre facciones del crimen organizado.
Mientras tanto, el gasto en proyectos emblemáticos como el Tren Maya, o el incremento de las pensiones no contributivas (los apoyos y pensiones del Bienestar) han alcanzado niveles históricos”,
Todo lo anterior refuerza la percepción de un gobierno que prefiere acumular poder y construir clientelas políticas, antes que hacerse responsable de sus funciones como Estado moderno.
Para el director de México Evalúa, Luis Rubio, estamos ante ‘un gobierno sin recursos y sin reforma fiscal’ ya que un sistema fiscal sostenible requiere gobernanza de calidad y rendición de cuentas.
“En países con altos impuestos y buenos servicios (como Japón o Canadá), la confianza social sostiene el pacto entre ciudadanos y gobierno. En México, la corrupción y el uso privado de fondos públicos minan este contrato social. El pago de impuestos debe implicar contraprestaciones: mejores servicios y bienes públicos. Sin ellas, la legitimidad de una reforma fiscal se tambalea” advierte.
Lo cierto es que, propuestas fiscales en México fracasan porque carecen de condiciones políticas y de un régimen de contrapesos, pero el gobierno actual, al debilitar instituciones democráticas, se aleja de un modelo viable. Sin democracia efectiva, no hay legitimidad para una reforma fiscal.
Aunque el presupuesto de las personas con seguridad social caerá en 2025, su reducción será ínfima frente al recorte que sufrirá la población más vulnerable del país, pues las dependencias más afectadas serán las que atienden a las personas no aseguradas, como la Secretaría de Salud o el IMSS-Bienestar.
El impacto será el ensanchamiento de las brechas presupuestarias entre asegurados y no asegurados a un nivel no visto en 20 años señala México Evalúa. En este contexto se hará muy difícil solucionar los problemas de falta de citas o desabasto de medicamentos que tanto aquejan hoy al sector salud, pero eso sí, más clientelas políticas, pero menos derechos básicos.
@JErnestoMadrid