• Harfuch asegura que las revelaciones periodísticas sobre el CJNG abren carpetas de investigación. La pregunta inevitable es si ese criterio alcanzará también a los políticos señalados en reportajes y acusaciones públicas.
Ernesto Madrid
En materia de seguridad pública, las palabras suelen ser más rápidas que las investigaciones. Pero este viernes, desde Manzanillo, Colima, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo una afirmación que —si se toma literalmente— podría abrir una de las vetas más incómodas para el poder político.
El funcionario aseguró que todas las publicaciones periodísticas sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, son revisadas por el gabinete de seguridad y pueden derivar en carpetas de investigación coordinadas con la Fiscalía General de la República.
“La Fiscalía está procesando la información… donde amerite detenciones sobre alguna persona mencionada, así va a ser”, dijo.
La frase parece simple. Pero en el contexto político mexicano tiene una profundidad que va mucho más allá de una declaración rutinaria.
Porque si toda publicación periodística es materia de investigación, entonces la regla no debería detenerse en los criminales. También tendría que alcanzar —por lógica institucional— a los actores políticos que han aparecido en reportajes, investigaciones y acusaciones públicas vinculadas al crimen organizado o a esquemas de corrupción.
Ahí comienza la verdadera prueba para la política de seguridad del actual gobierno.
El señalamiento de Harfuch surge tras reportajes que documentan que el CJNG opera incluso con una red de hackers pagados con sueldo y viáticos, una muestra de la sofisticación tecnológica que algunos grupos criminales han adquirido.
Pero esa no es la única información que circula en medios.
Durante los últimos años, investigaciones periodísticas, filtraciones y denuncias políticas han colocado bajo escrutinio a diversas figuras cercanas a Morena.
Entre los nombres más mencionados en reportajes o acusaciones públicas aparecen:
• Andrés Manuel López Obrador, por investigaciones periodísticas que abordaron presuntos apoyos del crimen organizado a campañas electorales.
• Rubén Rocha Moya, señalado en reportes que lo vinculan con reuniones con líderes del narcotráfico.
• Jesús Ramírez Cuevas, acusado por opositores de presuntos vínculos con redes de huachicol.
• Arturo Ávila, mencionado en denuncias mediáticas por supuestos actos de corrupción.
• La familia de Marina del Pilar Ávila Olmeda, señalada en reportajes por presuntos nexos con redes criminales.
La promesa de investigar… y el reto de hacerlo
A estos nombres se suman alcaldes, funcionarios municipales y redes políticas regionales mencionadas en investigaciones sobre huachicol fiscal, contrabando de combustibles y financiamiento electoral.
Uno de los casos más citados en los medios ha sido el del actual titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, a quien opositores y reportajes han vinculado con el empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021 y señalado como operador financiero del contrabando de combustibles.
Las acusaciones —no comprobadas judicialmente— apuntan a una red de huachicol fiscal que habría provocado pérdidas estimadas en cientos de miles de millones de pesos al SAT, además de presunto financiamiento político.
Si el criterio de Harfuch es consistente, estos nombres también tendrían que ser materia de investigación formal.
La discusión ocurre además en un momento estadísticamente peculiar.
Los indicadores recientes de México Evalúa muestran una disminución en varios delitos letales durante enero de 2026: Homicidio doloso: el nivel más bajo desde 2016; Feminicidio: reducción anual de 12.7%; Homicidio culposo: mínimo desde 2015; Desapariciones: caída de 38% respecto a 2025
Sin embargo, el mapa de la violencia no ha cambiado demasiado.
Estados como: Colima, Morelos y Sinaloa siguen concentrando las tasas más altas de homicidio doloso, mientras que otros estados mantienen niveles bajos de violencia estructural.
Es decir, la violencia baja en promedio, pero no desaparece de los territorios donde el crimen organizado mantiene poder político, económico y territorial.
En ese escenario, la declaración de Harfuch abre una interrogante inevitable:
Si los reportajes periodísticos son suficientes para abrir investigaciones contra criminales, ¿lo serán también cuando los señalados pertenezcan al poder político?
Porque el problema de seguridad en México ya no se explica solo por la existencia de cárteles. Cada vez más investigaciones apuntan a ecosistemas completos de complicidad donde confluyen: crimen organizado, financiamiento político, corrupción institucional y protección territorial
Una red donde la línea entre política y delincuencia organizada puede volverse difusa.
@JErnestoMadrid
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