Ernesto Madrid
En México al día de hoy 12 millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable. Al mismo tiempo, las sequías se han intensificado durante la última década y la sobreexplotación de los acuíferos se ha incrementado en 15%.
Nuestro país ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua en razón de que, en los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012 y se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año.
La realidad, de acuerdo con una investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es que, para garantizar la demanda futura, el Estado mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país.
En el contexto cabe destacar que en febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°.
No obstante y después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la realidad es que a la fecha, una década después, su aprobación aún está pendiente.
Lo cierto es que México debe tomar acciones de forma urgente para evitar una crisis hídrica en los próximos años y décadas y el primer eslabón es modernizar la legislación, para adaptarla a la nueva realidad, donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica advierte el documento del IMCO.
La crisis del agua y las leyes pendientes
¿QUIÉN CONSUME MÁS AGUA EN MÉXICO?
En el país existen cuatro grupos consumidores de las concesiones de agua, en primer lugar y el más importante es el sector agropecuario que en 2020, tuvo el 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería.
Le sigue el abastecimiento público que representa 15% del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes.
En tercer lugar, está la industria autoabastecida la cual equivale al 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país y en último, las centrales termoeléctricas con un consumo del 4% del agua concesionada.
Esto es parte por lo que se requiere una actualización de las disposiciones para otorgar títulos de concesión. Una concesión para la explotación de recursos hídricos tiene una vigencia de 5 a 30 años, sin un proceso transparente que permita cederla a un tercero en caso de que el usuario original ya no requiera utilizarla.
Lo anterior debido a las malas prácticas entre los usuarios, como hacer uso de un volumen mayor al concesionado, traspasar el título a otros usuarios sin transparencia, o cambiar el uso sin la actualización de la concesión.
Es necesario tomar en consideración las distintas características técnicas -en particular las geofísicas- y desafíos que presenta actualmente el país en materia hídrica, tales como el aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana, la evolución de las sequías, así como la variación en las precipitaciones de acuerdo con especialistas.
La crisis del agua y las leyes pendientes
De ahí que la actual administración, así como distintas bancadas en el Congreso de la Unión, han reiterado que la discusión y eventual aprobación de la Ley es una prioridad para la actual legislatura, sin tomar pasos concretos para lograr ese objetivo.
En este sentido se deben de tomar algunas acciones necesarias, desde el ámbito de gestión pública de los recursos naturales, incluyen la evaluación y actualización de la delimitación de cuencas a nivel nacional, utilizando criterios geofísicos en lugar de geopolíticos.
Aún más, advierte IMCO, que la administración y el monitoreo efectivos de las concesiones es urgente en todos los sectores.
Finalmente, las autoridades deben considerar el uso de tecnología de monitoreo en tiempo real para identificar las fugas de agua en los sistemas de tuberías, entre otras cosas.