La mayoría de los ministros de la Corte le enmienda la plana al Ejecutivo y su intento de mantener este tema como una bandera política
Por Oscar Sánchez Márquez.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un triunfo de la postura del presidente López Obrador.
La determinación de los ministros, de reformular la pregunta respecto a la consulta para llevar a juicio a los últimos expresidentes de la República, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, no marca un punto final en este asunto, por el contrario, queda abierto.
Lo que debe de leerse detrás de la histórica decisión, de declarar constitucional la consulta, pero reformular la pregunta que podrán contestar los ciudadanos en general, se pueden resumir de la siguiente manera:
El presidente López Obrador se queda con una victoria entre comillas o un triunfo a medias.
La consulta para ejercer acción penal en contra de los presidentes que presuntamente incurrieron en actos de corrupción o cometieron delitos en contra de la Nación, no será un proceso en automático, incluso es posible que ni siquiera ocurra.
La vigencia del Estado de Derecho no ha sido trastocada.
Sí habrá consulta popular, pero no como la quería el Primer Mandatario.
La mayoría de los ministros de la Corte, máximo tribunal de justicia en México, le enmienda la plana al Ejecutivo y su intento de mantener este tema como una bandera política en un momento electoral determinante.
El replanteamiento de la pregunta por parte de los ministros, en realidad le quita toda la intención política electoral a la consulta, si bien los tomadores de decisión de Palacio Nacional insistirán en mantener como un amago político.
La pregunta sale del circulo de llevar a juicio a los expresidentes de la República referidos y los ubica en un plano eminentemente de legalidad y apego a la presunción de inocencia, principio fundamental del sistema penal vigente hasta ahora y una de las principales preocupaciones de los ministros que estaban por la inconstitucionalidad de la consulta.
La pregunta que quería el presidente era:
¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”
Con mayoría de ocho ministros, la pregunta quedará ahora así:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, en calidad de garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Cuáles son los candados fundamentales que ha puesto la Corte.
Crea opciones de respuesta, ya no es si estás de acuerdo, ahora queda explicito estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones legales.
Se quita el discurso presidencial al establecerse que se podrían “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos”
Se quita del texto la cita directa que se hacía a los expresidentes y se elimina el concepto de, cito textual, “ilícitos que hayan causado”, en este caso los expresidentes.
Lo cierto es que el presidente no se quedará con esta respuesta a medias. De hecho, aunque muy matizada, la decisión de la Corte ha abierto un enfrentamiento con AMLO y la Corte, en los hechos, viene a exorcizar tentaciones de hacer justicia a modo y con fines distintos a la vigencia del Estado de Derecho.