Impunidad por reformas – Opinión

Impunidad por reformas - Opinión
Por Oscar Sánchez Márquez
El trueque de apoyo a cambio de impunidad, un sello que se reafirma en las recientes reformas legislativas determinantes para la 4T, marcará la ruta en otros cambios ya anunciados y que sólo esperan turno en las llamadas agendas políticas del gobierno y las Cámaras del Congreso.
Decimos compra de impunidad porque al paso de los días, luego de la aprobación de la reforma en el Senado para ampliar del 2024 al 2028 la presencia del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública, se hacen públicos acuerdos donde los principales beneficiarios son personajes que estaban en la mira de las propias autoridades.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desnudó nuevamente la miseria política y humana del aún presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, “Alito”, al revelar que fue este quien avaló con el gobierno de la 4T tener un “acuerdo” que permitiera no solo la reforma militar referida, sino otras más, las que tiene en agenda la 4T, entre ellas sin duda la más relevante: la reforma al sistema electoral del país, la reforma del INE.

Impunidad por reformas – Opinión

De manera coincidente al menos tres personajes de la política con presencial mediática relevante: Alejandro Moreno, “Alito”, líder nacional del PRI; Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y Miguel Mancera, actual senador por el PRD y ex jefe de gobierno de la CDMX, no solo cambiaron su posición y votaron o dieron su aval a la llamada reforma militar, sino que persuadieron a otros compañeros de su partido a hacer lo mismo, contrario a lo que habían afirmado.
Hoy se sabe, dicho por el propio Adán Augusto López, titular de Gobernación, que el líder priísta ofreció su apoyo y respaldo político en las cámaras del Congreso para sacar adelante otras reformas que están en la esfera del interés presidencial, especialmente la reforma electoral para reducir presupuesto a partidos; reducir numero de diputados de 500 a 300 y adelgazar  toda la estructura electoral  a nivel estatal y municipal el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, tiene denuncias por enriquecimiento inexplicable.
Su futuro dio un giro.
Hace unos días, a través de un mensaje de Twitter del gobierno de México, que luego fue borrado, se informó que “Alito” tiene carpetas de investigación abiertas en las que se le imputa delitos de tráfico de influencias, desvío de recursos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. El cateo a una de sus casas en Campeche hacía ver que su destino no era seguir en libertad.
En otro caso, el día en que se votaría en el Senado la reforma militar, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo en declaraciones a la prensa que el exjefe de gobierno, Miguel Mancera, era investigado como parte de una denuncia por espionaje.

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Precisó que el ahora senador Miguel Mancera tenía conocimiento de ese centro de espionaje, denuncia que ya había arrojado como primeros resultados la detención de algunos funcionarios de la pasada administración. Agregó que en ese centro ilícito de telecomunicaciones se hacía rastreo de terrenos en los que se podían construir desarrollos inmobiliarios, a través de despojos. Mancera estaba en la mira.
Otro caso relevante ocurrió con otro perredista. Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán declaró recientemente su intención de contender por la presidencia de la República. De perseguido pasó a precandidato presidencial sin que nadie le diga nada sobre las acusaciones en contra. Se dijo también un perseguido político, como los dos mencionados anteriormente.
Es público que la fiscalía general de la República (Gobierno de México) le abrió una investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada. Salen cifras de presunto manejo ilegal de recursos en su administración como gobernador por un monto de 50 mil millones de pesos.
El PRD tiene en el senado solo 3 integrantes, dos de ellos, extrañamente votaron a favor de la reforma militar que extiende la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028: Miguel Ángel Mancera, en calidad de coordinador del grupo perredista, así como Antonio García Conejo. Una versión que circula en el medio político es que el apoyo del PRD a la reforma militar fue pactada a cambio de que dejaran de molestar a Mancera y al propio Aureoles.
Dos votos que para el gobierno y Morena resultaron muy útiles, no solo numéricamente, sino en términos de demostración política, ya que esos votos formalizaron el derrumbe de la alianza opositora.

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Aureoles, en calidad aún de exgobernador perredista, se dice, salió beneficiado de esos votos a favor de la militarización de la seguridad pública, ya que las denuncias en su contra se acallaron, por el momento. Jesús Zambrano, dirigente nacional de lo que queda del PRD, dijo no entender el voto positivo de sus compañeros, si el acuerdo era votar en contra.
Si Alito Moreno con todo cinismo ofrece el voto priísta para otras reformas que le interesan a la 4T, muchos se preguntan: ¿dónde están los intereses de sus representado?
Todavía hace unos días era difundido en la radio un spot priísta con la voz de Alejandro Moreno, en el que remataba que el gobierno era en realidad el gran traidor a la patria y que se gobierno, con esa forma de gobernar, estaba “moralmente derrotado”. Hoy Alito Moreno, como Aureoles o Mancera, son beneficios por la impunidad a cambio de su abyección a ese gobierno morenista que el priísta califica como “moralmente derrotado”.

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://www.quadratin.com.mx/opinion/impunidad-por-reformas/

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