*Expertas y expertos en política social dieron una serie recomendaciones para que niñas y niños salgan de pobreza y tengan acceso a alimentación, salud y educación
*Organizada por Early Institute, se llevó a cabo la mesa: SIPI México: “Retos y estrategias para combatir la pobreza desde la primera infancia”
México.- A partir del reconocimiento de las consecuencias que deja la situación de pobreza y pobreza extrema en el desarrollo de niñas y niños menores de 5 años y el impacto en las carencias y vulneración de sus derechos sociales como los acceso a servicios de salud y seguridad social así como carencias en materia de alimentación, educación y vivienda, es necesario que se definan políticas públicas que terminen con la desigualdad social en México, reconocieron especialistas en desarrollo social.
Al participar en la mesa “Retos y Estrategias para combatir la pobreza desde la primera infancia”, organizada por Early Institute y basados en estadísticas del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI), expertas de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Pacto por la Primera Infancia señalaron una serie de recomendaciones para asegurar un futuro promisorio para niñas y niños desde su primera infancia.
Renata Díaz Barreiro Castro, Investigadora de Early Institute y Coordinadora del SIPI, reconoció que el impacto de que niñas y niños vivan en condiciones precarias como carencias en alimentación, salud, seguridad, educación y vivienda generan un efecto dominó acumulativo, repercutirán en su desempeño escolar, en su trabajo, en su salario y en su salud a largo plazo.
Expresó que la situación de pobreza extrema en niñas y niños de cero a cinco años de edad es un factor determinante para el desarrollo de la vida adulta, por lo que necesario que existan políticas y acciones concretas con perspectiva de niñez para evitar que la pobreza se herede de manera intergeneracional en nuestro país como hasta ahora.
En tanto, Alida Marcela Gutiérrez Landeros, licenciada en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y subdirectora de medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con cifras de 2020, aún inmersos en los efectos de la pandemia de Covid-19, reveló que la situación de pobreza pasó de un 50.3 por ciento en niñas, niños y adolescentes a un 52.6 punto, señalando que la proporción de pobreza es mayor en la primera infancia y se acentúa aún más en las niñas y niños que pertenecen a familias indígenas.
A partir de estos datos recabados, dijo la especialista, lo primero es garantizar y asegurar que niñas y niños de cinco años de edad tengan una alimentación adecuada para después resolver otros indicadores o componentes que miden la pobreza extrema como acceso a servicios médicos y educativos.
Admitió que es indudable que la pobreza extrema genera efectos irreversibles a lo largo de la vida, en aspectos sociales y económicos que ponen en riesgo el futuro de la niñez de generación en generación.
Por entidades, Gutiérrez Landeros reveló que el mayor índice de pobreza en primera infancia se concentra en entidades del sur del país como Puebla, Chiapas y Guerrero, mientras que al norte de la República están los porcentajes más bajos de esta medición, como si el país estuviera dividido por una delimitada franja en torno a la pobreza.
En ese sentido, propuso que se extienda el establecimiento de comedores comunitarios y que las transferencias monetarias que hasta ahora reciben algunos sectores de la probación se acompañen con pláticas de nutrición porque el mayor desafío para resolver la pobreza en primera infancia es que haya suficiente ingreso y acceso a servicios básicos para un desarrollo integral.
También sugirió el levantamiento de un diagnóstico puntual de la desigualdad a nivel estatal con datos desagregados que den paso a políticas públicas integrales.
Por su parte, Cecilia Berlanga Alessio Robles, maestra en Política Social, docente en ITAM y Oficial de Política Social en Unicef, también con datos basados en el rigor estadístico de fuentes oficiales se refirió, en especial, a la pobreza extrema bajo la óptica de acceso a servicios de salud en la primera infancia como segunda variable de mayor incidencia en México.
Explicó que al 2020, un 74.5 por ciento de niñas y niños tenían al menos una carencia, siendo la más recurrente la falta de acceso a la seguridad social, es decir, cuando las madres, padres o tutores no cuentan con prestaciones sociales de ley por estar fuera del mercado laboral o por tener un empleo informal.
Alessio Robles detalló que por esta falta de un empleo formal se vuelve imposible que las madres, padres o tutores proporcionen a niñas, niños y adolescentes apoyos y estímulos para que tengan un desarrollo temprano de sus habilidades y destrezas, situación que a su vez impide que puedan desarrollarse de manera adecuada.
Respecto a las medidas que pueden llevarse a cabo para resarcir el impacto de pobreza extrema en primera infancia, propuso que además de las transferencias monetarias hechas a través de programas sociales a diversos sectores de la población, sean implementados en zonas o entidades de mayor desigualdad social programas y políticas con perspectiva de crianza positiva. Además señaló la importancia de ampliar la cobertura de programas como Apoyo para el bienestar de niñas y niños de Madres Trabajadoras y mi Beca para Empezar.
Dijo que, si se quiere una sociedad más justa e igualitaria en México, se debe atender de manera prioritaria la situación de pobreza extrema en que viven niñas y niños, por medio de programas y políticas asistenciales en materia de salud y educación.
A su vez, Alberto Sotomayor, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador de investigación del Pacto por la Primera Infancia, expuso que sólo con mayor inversión y crecimiento económico es como se puede abatir el rezago existente y la reducción de la brecha de desigualdad, aunque también admitió que son necesarias estrategias integrales y bien diseñadas en beneficio de las niñas y niños.
Se manifestó a favor de que haya un paquete básico de servicios de emergencia en materia de vacunación, desnutrición, educación y prevención de violencia para atender las asimetrías existentes en diversas regiones del país que ya se tienen mapeados.
Sostuvo que más allá de lo que reportan los indicadores, se trata de millones de niñas y niños de carne y hueso que son lastimados y que desde temprana edad son parte de una generación tardía o pérdida porque por estar en situación de pobreza carecen de lo más indispensable para un sano desarrollo integral.