Por Erika Solorio
Ya no es la época de la prehistoria, existen avances científicos para que las y los gobernantes tengan el conocimiento y trabajen por el bienestar de los habitantes de las naciones, el terrible desconocimiento provoca delitos.
La trata de personas es una violación simultánea de derechos humanos. Los gobernantes están obligados a salvaguardar a sus gobernados.
La deshumanización por parte de muchos hombres y mujeres en el supuesto “poder” es vergonzosa, y sí, en el supuesto poder, porque a pesar de estar en los lugares de toma de decisiones no hay muchas políticas públicas y leyes efectivas que beneficien a la mayoría de las personas, las necesidades más apremiantes continúan con la complacencia de las “autoridades”.
“La trata de personas sigue siendo una lacra mundial perpetrada por la delincuencia organizada. Cada año aumenta el número de víctimas, a distancias cada vez más largas, con mayor violencia, durante períodos más prolongados y con fines de obtener mayores lucros. Entre 2020 y 2023, se detectaron más de 200.000 víctimas en todo el mundo, lo que no es más que la punta del iceberg. Se cree que el número real de casos no denunciados es significativamente mayor”, destaca en su página de internet Naciones Unidas.
Gobernantes de la prehistoria – Por el Bien Común – Opinión
Nadie debe ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzados, así lo dicta el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, pero este documento que data de 1948 aún es violado por los gobiernos.
Ya no podemos permitir que los delitos vayan en aumento, la sociedad en general debe actuar, la democracia participativa tiene que aplicarse por nuestra dignidad humana. Toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto y sin discriminación.
Los Estados tienen deberes esenciales frente a la trata de personas, la prevención es fundamental para evitar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sean víctimas de delitos.
Los gobiernos, los medios de comunicación, la academia, y la sociedad en general deben unirse para realizar campañas para informar a la gente de cómo evitar la trata de personas, esto es una alerta mundial responsabilidad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Las y los gobernantes están en deuda con sus gobernados, nos han engañado a través de discursos huecos que reflejan el desconocimiento de muchos servidores públicos.
Existe el hartazgo por parte de la sociedad, las noticias nacionales e internacionales nos cuentan diariamente sobre la violación a los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están en las manos del crimen.
El fortalecimiento de manera transversal del tejido social a cargo de los gobiernos, siempre será fundamental para tener sociedades fuertes en donde prevalezca el desarrollo sostenible, sí, ese desarrollo sostenible que está lejos de cumplirse para el 2030. ¡Fatal!
Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política.