Ciudad de México.— Ante el alarmante incremento del delito de extorsión, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) exigió al Gobierno Federal una respuesta estructural y legislativa que frene el daño económico y social causado por este ilícito. El vicecoordinador económico del GPPAN, Dip. Héctor Saúl Téllez Hernández, recordó que desde octubre de 2024 presentó una iniciativa de reforma al Artículo 73 de la Constitución para legislar en la materia, y lamentó que hasta la fecha no se haya dictaminado.
Téllez celebró el anuncio de la presidenta de México de investigar la extorsión de oficio, pero advirtió que urge pasar del reconocimiento a la acción. “Qué bueno que el gobierno reconoce que este ilícito ha crecido en al menos un 60% en años recientes, pero ya es momento de poner manos a la obra”, afirmó.
La propuesta del GPPAN plantea reformar el inciso a) del párrafo XXI del Artículo 73 Constitucional, facultando al Congreso para crear legislación penal específica contra la extorsión. Fue presentada el 11 de diciembre de 2024 y enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde sigue sin dictamen.
Extorsión crece 60 por ciento y golpea a empresas: GPPAN
Téllez advirtió que el delito es especialmente prevalente en estados con alta actividad criminal, como Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas. Este último registra una tasa cercana a mil 500 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas.
Según datos del INEGI, la extorsión se ha consolidado como el delito de mayor impacto en 2024, con más de 21.9 millones de víctimas mayores de 19 años. Además, representa pérdidas económicas superiores a 50 mil millones de pesos para las empresas, junto al robo hormiga, fraude y asalto a bienes.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) reveló que la tasa de prevalencia delictiva de la extorsión se disparó a mil 562 casos por cada 10 mil unidades económicas, seguida del robo a mercancía y el robo hormiga.