Ernesto Madrid
En apariencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador resolvió el caso de la corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), no obstante, a 4 años de haber sido ventilado solo hay un procesado, ninguna sentencia y una deuda que se transfirió a los bancos involucrados mediante un fideicomiso de Financiera Corafi de René Dávila que, aparentemente, no tiene para pagar esos 12 mil 500 mdp de corrupción.
En el fondo las sociedades participantes en este esquema denominado Ponzi mejor conocido como ‘La Estafa Maestra de la 4T’ abarca, no sólo a Segalmex están también, la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Secretaría de Finanzas de Nayarit; ISSSTEY y Gobierno del Estado de Yucatán; Sindicato de Maestros (SNTE/ FORTE); Gobierno del Estado de Hidalgo y la última que acaba de comprar deuda, la Administración de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud.
Está última en mayo de 2022 que realizó Roberto Guzmán mediante su nueva filial, el fideicomitente que es la sociedad denominada Hotelería Korbach, que con un capital social de $40,000.00 (cuarenta mil pesos) y un capital contable negativo por más de $3 millones de pesos, realizó la emisión y colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un importe de mil millones de pesos en el tercer trimestre de 2022.
El pasado 16 de enero en una asamblea de tenedores a través de Casa de Bolsa Bursamétrica informó sobre el pago de certificados bursátiles HKCB22 pero que en realidad adquirió nueva deuda por mil millones de pesos para sumar 2 mil, para hacer, supuestamente, frente a sus adeudos pendientes vía rendimientos y que quedó, otra vez en manos de la Administración de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud.
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René Dávila de Corafi junto Roberto Guzmán de Escofi, para encubrir sus sucios manejos en su sociedad y amistad y en donde está la deuda con los bancos involucrado en el caso Segalmex que pagaron al gobierno de Obrador estan traspasando sus propiedades a una nueva entidad denominada Komet Capital. https://kometcapital.com/ que bajo la figura de un fondo de Capital Privado pretende levantar capital bajo un nuevo nombre comercial y han comprado y construido inmuebles en el estado de Yucatán.
En este enramado de corrupción participan además Raúl Garduño Vergara (Líder de los promotores corruptores); y Roberto Olea Hernández (Abogado estructurador de las transacciones del despacho Olea y Asociados) con las instituciones involucradas que son Banorte (herencia de interacciones); CI Banco (que tiene muchas demandas por contratos fiduciarios irregulares);; Monex; Accendo Banco (En liquidación); Invex Banco cuyo fiduciario de INVEx ha colaborado descaradamente con este grupo criminal al otorgar los poderes de representación en las Asambleas de Accionistas de Bursamétrica Casa de Bolsa en el Fideicomiso de Control 2532 que este grupo ha convocado desde noviembre del 2020 a la fecha, de manera totalmente ilegal y Bursamétrica Casa de Bolsa, que actuó como fiduciario de la última emisión que se tiene conocimiento cuyo fideicomitente fue Hotelería Korbach.
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De entre los activos que presenta se destaca una cartera de créditos por $366 millones de pesos de Corafi y René Dávila a quién el presidente López Obrador ha señalado pero no ha investigado e incluso el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O ha cerrado por completo las puertas para seguir con la indagatoria diciendo que, ‘puedo tener problemas con el presidente’, porque en realidad se está hablando de Cash, que no se sabe a dónde está yendo a parar, pero sí se sabe que el hijo del presidente Andrés López Beltrán, ha nombrado a tantos como muchos involucrados en temas financieras del gobierno federal.
De estos hechos tiene conocimiento el senado de la República que coordina Ricaro Monreal, así como el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez y quien era su jefe de Asesores el Leonel Ramírez, este último, que estaba llevando a cabo las investigaciones, aparentemente en tiempo y forma, fue destituido por las manifestaciones en su contra de su exesposa Ingrid Tapia, que recibió recursos de René Dávila de Corafi y también Roberto Guzmán de Escorfin para apalancar su movimiento Caso 992 por violencia vicaría y detener las investigaciones de este esquema denominado Ponzi que viene corrompiendo a funcionarios, como ahora, los de la 4T en donde todo apunta al hijo del presidente, Andrés López Beltrán.