Luis Ayala Ramos
Chalco, Estado de México.- El gobierno municipal de Chalco enfrenta un pasivo cercano a los 99 millones de pesos derivado de 307 juicios laborales acumulados, situación que mantiene presión sobre las finanzas públicas de la administración local.
De acuerdo con el informe presentado durante la quincuagésima sexta sesión de Cabildo, la mayoría de los procesos corresponden a rezagos heredados de administraciones anteriores.
Las demandas laborales incluyen solicitudes de indemnización y reinstalación en puestos dentro del servicio público municipal, y se encuentran radicadas en distintas instancias como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en sus salas de Tlalnepantla y Ecatepec.
Otros expedientes se encuentran en la Junta de Conciliación de Toluca y en la sede de Valle de Cuautitlán-Texcoco, donde continúan su proceso legal.
Enfrenta Chalco pasivo de 99 millones por juicios laborales
La alcaldesa Abigail Sánchez Martínez informó al Cabildo que el problema comenzó a acumularse desde la administración encabezada por Vicente Onofre Vázquez y se incrementó durante los gobiernos de Juan Manuel Carbajal Hernández y Miguel Gutiérrez Morales.
La edil aseguró que la actual administración busca atender los casos mediante acuerdos conciliatorios para evitar que la deuda laboral continúe creciendo.
Asimismo, destacó que durante enero de 2026 no se registraron nuevos emplazamientos laborales, lo que atribuyó a un mayor control administrativo en las relaciones laborales del ayuntamiento.
“Del 1 al 31 de enero no se presentó ningún juicio nuevo. Los casos que atendemos corresponden a rezagos de administraciones anteriores y estamos privilegiando el diálogo para alcanzar acuerdos de pago”, explicó.
Enfrenta Chalco pasivo de 99 millones por juicios laborales
Como parte de esta estrategia, el municipio logró concretar un primer acuerdo conciliatorio con un ex trabajador, quien recibió un pago superior a los 280 mil pesos.
La administración municipal enfrenta ahora el reto de reducir gradualmente el número de juicios y el monto del pasivo para evitar que la deuda comprometa recursos destinados a servicios y programas públicos.