El PP ha exigido hoy la dimisión de la ministra de Justicia,Dolores Delgado, o su cese por el presidente del Gobierno, por su “inacción” en la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos separatistas fugados han presentado contra él en Bélgica.
Reclama, además, al Ejecutivo que pida disculpas públicas al magistrado por los “grandes bandazos” en su defensa, tras la demanda contra él en Bélgica, y ha considerado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha “contradicho” a Delgado al decir hoy que esta defensa sí es una cuestión de Estado.
Así lo han informado hoy en una rueda de prensa en el Senado, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, y el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó.
Han anunciado, además, una interpelación a la ministra en la Cámara Alta sobre este asunto. Se da la circunstancia de que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado.
Después presentarán una moción para reprobar a la titular de Justicia “si aún sigue en su puesto”.
Una propuesta similar también llevarán a cabo en el Congreso.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, negó ayer que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo frente a la demanda civil que los separatistas fugados, y señaló que el Ejecutivo le defenderá “hasta las últimas consecuencias”.
Dolors Montserrat ha destacado que el Gobierno tendría que haber defendido siempre a Llarena ante la demanda en Bélgica y ha dicho que si lo “abandonaron a su suerte” fue porque se pusieron al lado de los demandantes, los independentistas, “que son los que han permitido a Sánchez llegar a Moncloa”.
Considera que el “cambio de criterio” del Gobierno en la defensa de Llarena se ha debido a la presión social, así como de los jueces y del propio PP, y ha acusado al Ejecutivo de ser “cómplice” de los separatistas tras conseguir sus votos para llegar a la presidencia.
La popular ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si tras este pacto con los independentistas está el compromiso de no aplicar nunca más el 155 mientras él gobierne, aunque en Cataluña se vulnera la legalidad.
“Pedimos al Gobierno que deje de ser prepotente, cómplices de los independentistas y errático”, ha expresado Dolors Montserrat.
El PP registró ayer una petición de comparecencia urgente de la ministra de Justicia en la Cámara Baja para que explique la actuación de su departamento ante la situación del juez, y una moción en el Senado de respaldo a Llarena.
Asimismo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que estudie si cabe presentar una querella contra el juzgado belga que estudia la demanda de Puigdemont, por “inmiscuirse en la integridad y en la inmunidad de la jurisdicción española”.
Casado hizo estas declaraciones ayer, antes de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, que acordó la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y de 8 ministros para esta semana, y las dos que vienen, por sus políticas.
El líder del PP volvió a denunciar el “desamparo absoluto” en el que, a su juicio, el Ejecutivo ha dejado al magistrado.
Hizo hincapié en que el Gobierno está “obligado” a defender a los poderes del Estado, en este caso además, ante la “maniobra” de una persona fugada de la Justicia española contra un juez que precisamente actúa contra él.
Al presidente del PP le sorprende la reacción del Gobierno en este asunto, que haya explicado ahora que llevaba días trabajando en cómo dirigir la defensa del juez.
Para Casado, “eso es falso”.
El dirigente popular anunció que el próximo lunes se reunirá con asociaciones de jueces y fiscales.
Ciudadanos también registró ayer una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno que “de forma inmediata articule una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, de sus principios de integridad e inmunidad jurisdiccional frente a la demanda presentada por parte del prófugo expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont” y otros cuatro políticos separatistas huidos.
Reclama que el Estado asuma la representación y defensa del juez Llarena, “que no es otra que defender a la Justicia española en su conjunto y a la soberanía del Estado”.
Además de la comparecencia en el Congreso de la ministra, pidió la de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Por su parte, VOX, que ejerce como acusación popular en el Tribunal Supremo en el juicio contra los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre, presentó el domingo una querella contra la ministra de Justicia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Esta formación que preside Santiago Abascal acusa a Delgado de presunta prevaricación y denegación de auxilio por “negarse” a defender al magistrado Pablo Llarena “a tenor de la nota de prensa del Ministerio del pasado jueves y la comparecencia de la vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado viernes afirmando que no defenderían” al juez por sus declaraciones durante un canutazo el pasado febrero en Oviedo, objeto de la demanda interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los otro cuatro exconsejeros huidos, y que “no han sido rectificadas posteriormente por ningún miembro del Gobierno”.